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La Región de Murcia amplía cinco días el plazo de resolución de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo

La Región de Murcia amplía cinco días el plazo de resolución de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo

Esta medida surge ante la imposibilidad de hacer frente a los plazos de resolución de los ERTE

La Consejería de Empleo, Investigación y Universidades ha ampliado en cinco días el periodo máximo de resolución de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) a causa del Covid-19. Con esta medida se pretende reforzar la seguridad jurídica de las empresas. De esta manera, dicho plazo pasa de cinco a diez días.

Así consta en la orden publicada hoy en el BORM “por la que se acuerda la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación del procedimiento de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor, contemplado en el artículo 22 del Real Decreto-Ley 8/2020 de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19”.

Si hasta el momento el plazo máximo de resolución de los ERTE era de cinco días, ahora es de diez. La difícil situación a causa de la crisis sanitaria ha desembocado en la llegada de un ingente número de solicitudes en la Comunidad, lo que ha provocado que este plazo sea de difícil cumplir.

Dar la capacidad de cumplir plazos

Ante esta situación y tras una compleja reorganización, la Consejería ha decidido llevar a cabo esta ampliación de cinco días. Se persigue así, dar la capacidad de cumplir con el plazo de resolución establecido y con los mínimos requisitos de seguridad jurídica que la resolución de estos expedientes exige.

El consejero Miguel Motas señaló que “a fin de facilitar su trabajo y que cuente con un margen de éxito mayor, consideramos necesario darles cinco días más de margen, de forma que sea el mayor número de empresas las que se beneficien, y que dispongan de una mayor seguridad jurídica en las resoluciones”.

Otra de las razones por las que se ha tomado esta decisión, es el hecho de que los procedimientos de regulación de empleo tienen un impacto negativo de carácter estructural sobre el empleo y la economía y, en especial, sobre los trabajadores y los empresarios.

En todo caso, se mantiene el compromiso asumido por la Consejería de agilizar y simplificar al máximo la tramitación de todos los ERTE recibidos en el contexto de la situación de alarma decretada por el coronavirus.

Asimismo, la Consejería insiste en su petición al Ministerio de Trabajo y Economía Social de que elimine la obligación de constatación de la fuerza mayor por parte de la autoridad laboral, a través de la modificación del artículo 51.7 del Estatuto de los Trabajadores. En su lugar, se solicita la sustitución por una declaración responsable de la empresa, que permita acortar los tiempos de la tramitación.

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