Pepe Vélez de nuevo en el punto de mira por otro supuesto caso de prevaricación

Cuando todavía están de plena actualidad las declaraciones del ex Delegado del Gobierno, Pepe Vélez, por un supuesto caso de malversación por el llamado “Caso Toros”, parece que las aguas vuelven a agitarse en el consistorio calasparreño.

Unas declaraciones, las de Vélez, en las que no estuvo solo, ya que también fueron citados a las mismas el exconcejal de Calasparra y Gerente del PSRM, Jordi Arce y también Antonio J. Merino, actual primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Calasparra y portavoz del Grupo Municipal socialista.

Y es que al parecer, y según información en exclusiva a la que ha tenido acceso la redacción de Murcia Noticias, la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Murcia habría estado investigando en los últimos meses un supuesto delito de prevaricación administrativa y continuada en el tiempo, además de fraccionamiento de contratos, algo penado en el artículo 404 del Código Penal, del cual serían responsables buena parte de los concejales y alcaldes de las últimas legislaturas en el Ayuntamiento de Calasparra, concretamente desde el año 2010 al año 2020.

Según la información que maneja la Fiscalía, el Ayuntamiento de Calasparra habría estado contratando durante más de 10 años, gran parte de los servicios culturales como pueden ser conciertos, exposiciones, obras de teatro y diferentes actividades con la empresa O.I. Edición Producción Artística SL, y durante los últimos años también directamente con el que fuera administrador de la misma, Manuel Robles Moya, por importes anuales que en todos los casos habrían superado los mínimos establecidos por la Ley de Contrataciones del Sector Público. Todo ello ocurrido entre los años 2010 y 2020.

Además, las contrataciones habrían sido realizadas sin que existiera concurso alguno de adjudicación de servicio, tal y como establece la ley y aparentemente, sin contratos.

La cuantía económica investigada ascendería a 1.579.039,39 euros, de los cuales, 1.527.650,04 euros corersponderían a servicios prestados por la mercantil O.I. Edición Producción Artística SL y 51.389,35 euros a servicios contratados directamente con el autónomo entre los años 2019 y 2020.

INICIO DE LA INVESTIGACIÓN

Fue a finales de 2022 cuando se inicia la investigación a instancia de una denuncia presentada por un vecino de Calasparra ante la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Murcia. En esa denuncia daba cuenta de unos hechos sobre los que habría tenido conocimiento y que, según indicaba “podrían tener relevancia penal”.

De esta forma, y gracias a la numerosa documentación que acompañaba a la denuncia, la fiscalía tuvo acceso a un completo informe de todos los servicios prestados por la mercantil y Manuel Robles, que incluirían, además de la fecha de la factura, el concepto, los tipos de documento, el tipo de pago, o las fechas de pago, entre otros datos relevantes.

Además, como ya ocurriera en el “Caso Toros”, estaríamos ante más contratos verbales, ya que tampoco habrían contratos firmados entre la mercantil, el citado autónomo y el Ayuntamiento entre los años 2012 y 2020, según una Resolución de Alcaldía que fue remitida al denunciante tras haber solicitado información sobre los contratos que debían acompañar a las correspondientes facturas de los servicios prestados.

LA FISCALÍA APRECIA INDICIOS DE DELITO

En un documento remitido por la Fiscalía, al que ha tenido acceso Murcia Noticias, la Fiscalía indica que “los hechos denunciados podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación previsto y penado en el artículo 404 del código penal”, remitiendo las diligencias de investigación a la Fiscalía de Cieza, para que la misma fuera la presentara la denuncia en los Juzgados de Caravaca de la Cruz.

En estos momentos la documentación remitida por la Fiscalía se encuentra a la espera de asignación de sala, por lo que se espera que en los próximos días se comunique el inicio del procedimiento, sabiendo entonces finalmente cuáles son los hechos denunciados y las personas que serán imputadas.

ALCALDES Y CONCEJALES DESDE 2010 HASTA 2020

La Fiscalía ha recibido y revisado documentación desde los años 2010 y hasta el 2020, por lo que serían numerosos los cargos públicos que se verían implicados en el procedimiento y que pudieran ser responsables, supuestamente, de un nuevo delito de prevaricación y fraccionamiento de contratos en el Ayuntamiento de Calasparra.

Serían por tanto supuestos responsables de estas irregularidades Pepe Vélez, Alcalde de Calasparra entre los años 2014 y 2020, Jesús Navarro, alcalde desde el año 2010 hasta el 2014 y también diferentes concejales y exconcejales de cultura o festejos que ocuparon su cargo entre 2010 y 2020 como son Joaquina Sola, Antonio José Merino, Jordi Arce, Cristina Trujillo y la actual alcaldesa de Calasparra, Teresa García.