El abogado Víctor Valladares ha presentado una denuncia ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por permitir concentraciones multitudinarias días previos a la aprobación del estado de alarma, entre ellas las marchas por el Día Internacional de la Mujer que tuvo lugar el 8 de marzo, desoyendo advertencias sobre el riesgo de contagio por coronavirus.
La denuncia explica que el presidente del Gobierno cometió un delito de prevaricación administrativa por omisión por "inacción" y no atender a los "dictados de la Unión Europea y del propio Ministerio de Sanidad" y no haber prohibido mediante Real Decreto "cualquier tipo de reunión tumultuosa o manifestación".
La denuncia, que Valladares ha presentado en calidad de particular, constata que el 2 de marzo de 2020 el Centro Europeo para el control y la prevención de enfermedades dictó un informe en el que se establecía las "medidas de distanciamiento social individual" que debían "promover" los Estados miembros de la Unión Europea.
Entre las recomendaciones, el denunciante señala que se encontraba "evitar acudir a actos multitudinarios", como "medida preventiva", e incluso "considerar la cancelación de las concentraciones masivas en casos excepcionales". Añade que en esa fecha, en España ya existían 114 contagiados por la citada enfermedad, según los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad.
A ello añade que el 6 de marzo, el Centro de coordinación de alertas y emergencias sanitarias, dependiente del Ministerio de Sanidad, y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios alertaron "sobre los peligros de expansión del coronavirus y las medidas que convenía tomar".
Así, indica que el 8 de marzo las delegaciones del Gobierno permitieron la celebración de "multitudinarias manifestaciones", "sin que existiera indicación o resolución alguna por parte del Gobierno central para la prohibición de la celebración de manifestaciones, tal y como indicaba la Unión Europea".
Con todo ello, el denunciante se pregunta por qué se autorizaron dichas concentraciones "poniendo en riesgo y peligro vital a sus asistentes y a toda la sociedad española" o por qué "no se emitió una orden que evitará cualquier tipo de eventos multitudinarios, tal y como los mencionados o el celebrado por el partido político VOX en el palacio de los deportes de Vistalegre de Madrid, o algunos eventos deportivos o conciertos musicales".
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