Más de 200 edificaciones desde San Pedro del Pinatar a Cabo de Palos en peligro de ser declaradas ilegales
Javier Torres - 01 de Agosto, 2021
El Ministerio de Transición Ecológica sigue con su plan de limpiar muchas zonas de España de antiguas construcciones que se levantaron de manera sospechosa o va en contra de las nuevas leyes de costas.
La razón oficial es que todas estas casas, restaurantes, bajos comerciales y hoteles se encuentran en suelo de dominio público en zona de costa. El propio ministerio no se pronuncia sobre que será del futuro de todas esas edificaciones en el caso de que todo siga su curso y se declaren ilegales, pese a las peticiones de comerciantes, hosteleros y vecinos que ven como pueden quitarles lo que lleva siendo suyo décadas.
El plan del gobierno contempla edificaciones de buena parte del litoral del Mar Menor
El plan ya está en marcha y pretende descongestionar algunas zonas de la presión urbanística al que someten a la laguna salada. En peligro 245 edificios, 15 restaurantes, 4 hoteles o algún parking, todo por ocupar parte del considerado domino público marítimo terrestre. Todo dentro de un conjunto de medidas necesarias para la recuperación, protección, restauración y correcta gestión del litoral.
En el documento se refleja que se tendrá en cuenta todos los condicionantes físicos, humanos y medioambientales que puedan afectar en mayor o menor medida al devenir de dicha franja litoral y la mejora de sus condiciones de uso.
Una de las primeras acciones estuvo a punto de llevarse acabo hace unos meses en una casa de la playa del levante. Un movimiento social, apoyado por el ayuntamiento cartagenero, frenó el desalojo y derribo de la vivienda. Este tipo de acciones vecinales y sociales parece ser que será el gran enemigo del ministerio para evitar todo este tipo de escenarios.
El PP presentará una proposición de ley para evitar los derribos
Hace unos días se reunían representantes populares y los vecinos de Cabo de Palos y Los Nietos. En el encuentro se presentó la Proposición de Ley del PP para modificar la Ley de Costas y salvar todas las viviendas de esos núcleos que en opinión del partido "el gobierno central pretende demoler o expropiar".
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