Podemos solicita a Ribera llevar la ley del Mar Menor al Tribunal Constitucional
Contenidos - 19 de Mayo, 2022
El coordinador de Podemos en la Región de Murcia, Javier Sánchez Serna, ha solicitado a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Teresa Ribera, que traslade la ley del Mar Menor al Tribunal Constitucional para "tumbar todos los preceptos", al considerar que "solo protegen a quienes están asesinando" a la laguna salada, informaron fuentes del partido en un comunicado.
"López Miras y Luengo son el mayor peligro para el Mar Menor y un tapón para dotarlo de personalidad jurídica y para la creación del Parque Regional del Mar Menor, que son las únicas medidas que podrían realmente contribuir a su recuperación", ha señalado Sánchez Serna.
El dirigente de la formación 'morada', ha avanzando que desde Podemos trabajan, junto al resto del Ejecutivo central, para "derogar aquellos puntos" de la norma que "endurecen los requisitos para actuar contra los regadíos ilegales y autorizan el uso de fertilizantes contaminantes que alimentan la sopa verde".
A su juicio, la degradación de la laguna demuestra que la "mal llamada" Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor aprobada en julio de 2020 "sólo ha servido para proteger los intereses de las multinacionales del agronegocio".
En la misma línea, ha denunciado que la norma aprobada por PP, PSOE y Ciudadanos "endurece los requisitos para actuar contra los regadíos ilegales", al exigir una resolución firme de la Confederación Hidrográfica del Segura. Un procedimiento que, según el dirigente 'morado', "sería similar a que la policía tuviera que esperar una sentencia firme diciendo que quemar bosques es ilegal para detener a un pirómano al que sorprenden en plena acción".
Se trata, en su opinión, de "una mala excusa" con la que "López Miras se escuda para no actuar y justificar que sólo se hayan restituido 282 hectáreas de regadíos ilegales, lo que supone un 3% de las más de 8.500 existentes".
Por otra parte, Sánchez Serna ha explicado que la ley ha servido para "retrasar" la aplicación de la Directiva Europea de Nitratos, de forma que "se sigue permitiendo el uso de fertilizantes contaminantes que alimentan la sopa verde".
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