Más de 3.000 marroquíes entran irregularmente en Ceuta ante la pasividad de las fuerzas de seguridad del país vecino

Más de 3.000 ciudadanos marroquíes, según las fuentes consultadas por Europa Press, han accedido irregularmente a Ceuta durante este lunes bordeando los espigones marítimos fronterizos del Tarajal y Benzú ante la pasividad de las fuerzas de seguridad del país vecino que, según fuentes policiales, no están haciendo "nada" para contener la salida de compatriotas hacia la localidad española.

Unas 700 personas, según la Delegación del Gobierno, han asegurado ser menores de edad a su llegada a territorio nacional, lo que impedirá la devolución inmediata del contingente que esperan poder realizar las autoridades españolas a partir de los contactos establecidos entre los ministerios de Interior y Asuntos Exteriores con el Reino alauita.

La Comandancia General de Ceuta ha ofrecido 300 literas militares para acoger en las naves de los polígonos comerciales del Tarajal, en su inmensa mayoría vacías desde el cierre de la frontera el 13 de marzo de 2020 por la pandemia, a los recién llegados, que están siendo sometidos a pruebas de covid-19 como paso previo a su confinamiento para superar una cuarentena de entre 10 y 14 días.

La oleada migratoria comenzó al filo de las 2.00 horas de la madrugada de este lunes por el espigón norte del perímetro fronterizo y durante la noche y todo el día se ha extendido también al Tarajal, en el extremo sur, por donde los marroquíes, en su mayoría jóvenes varones, pero también mujeres e incluso niños, superan la barrera fronteriza sin ningún control.

El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas (PP), ha regresado desde la Península de urgencia para mantener una reunión telemática con la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, en el marco del Centro de Coordinación Operativa (Cecor) entre ambas administraciones para concretar los puntos en los que se dará cabida a los migrantes marroquíes.

El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) cuenta actualmente con unos 220 albergados, por debajo de la mitad de su capacidad máxima operativa, fijada en 512 plazas tras su última ampliación, aunque la Administración General del Estado nunca ha permitido la entrada de marroquíes en sus instalaciones salvo como peticionarios de protección internacional, política que cambió tras la declaración del primer estado de alarma para acoger también a los jóvenes del país vecino que cumplen 18 años y dejan de estar tutelados por la Ciudad para que no se quedasen en la calle.

La administración local, por su parte, es responsable actualmente de unos 250 menores extranjeros no acompañados, casi todos súbditos del Reino alauita, aunque antes de la pandemia llegó a tutelar a más de 700.