El Tribunal Supremo confirma la absolución de la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y su Junta de Gobierno, por la venta de 1.860 viviendas públicas. Las mismas pertenecían a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS). Las ventas se realizaron al fondo Fidere/Blackstone.
El Tribunal, el 17 de julio, revocaba la sentencia que condenaba a Ana Botella y a siete miembros de su equipo. Debían abonar 22,7 millones de euros. La condena se llevó a cabo por la venta en el año 2013 del fondo de inversión de 1.860 viviendas de la EMVS.
La sentencia argumentaba que la operación en la que fueron vendidas las viviendas por 128 millones de euros fue por un procedimiento ilegal. No aseguraban la concurrencia y cerraron por debajo del precio de los inmuebles -159 millones-. También era inferior al precio del mercado. Esto generaba un prejuicio al erario público de más de 25 millones de euros.
Los magistrados del Tribunal Supremo, en el auto, desestiman el recurso de ocasión presentado el 11 de diciembre de 2019 por la concejala socialista Mercedes González. Señalan que no desarrolló “ningún actuación procesal en la instancia. Ha sido con posterioridad a la sentencia cuando decidió compadecer ante el Tribunal de Cuentas y anulación su intención de recurrirla en casación”.
Además, han señalado que González ha dejado una “expresa constancia de su condición de concejal”. No sostiene su legitimación procesal on base en el cargo público que ocupa. Según ella misma enfatiza y compadece. Y litiga con base a su condición de vecina del Ayuntamiento de Madrid.
Los magistrados concluye en que el requerimiento formula “de forma carga y expresa, el cargo público que se desempeña, no puede surtir efectos como tal requerimiento. Esto a efectos del artículo 68 LBRL, si nada se dice acerca de la acción que consagra”.
El Supremo ha estimado que la única cosa que pueden hacer es desestimarlo. No habrá costas al mismo ya que no está previsto en el recurso de queja de la intervención de parte contraria.
Esta era la última posibilidad que había para reclamar a Ana Botella por la venta de vivienda pública.
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