El juicio a Villarejo por sus negocios privados se retoma este lunes con las declaraciones de los acusados

El juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por tres piezas separadas de 'Tándem', la macrocausa donde se investigan los trabajos privados del comisario José Manuel Villarejo, se retoma este lunes con el inicio de las declaraciones de los más de treinta acusados, si bien se espera que el ahora policía jubilado no tome la palabra hasta más adelante.

Los primeros en hablar serán los que han llegado a acuerdos de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción, unas confesiones a cambio de rebajas de pena que fueron muy criticadas por los perjudicados, muchos de los cuales reprocharon al Ministerio Público en la sesión anterior que hubiera pactado "a sus espaldas" y sin que se haya resarcido económicamente el daño causado.

El interrogatorio a los acusados supondrá el despegue definitivo de un juicio que desde que comenzó, el pasado 13 de octubre, ha celebrado cuatro sesiones dedicadas a las cuestiones previas, donde la mayoría de los procesados han solicitado la nulidad de las grabaciones que Villarejo hacía de sus conversaciones con otras personas, una de las principales pruebas de la causa.

Por su parte, los fiscales Miguel Serrano y César de Rivas, que defendieron la validez de este material, aprovecharon su respuesta a las defensas para ajustar el tiro. Así, admitieron que Villarejo era un "espía", concediendo incluso que pudiera haber usado CENYT, su grupo empresarial, como tapadera para sus servicios al Estado, si bien subrayaron que lo "intolerable" es que lo empleara para lucrarse.

El tribunal presidido por Ángela Murillo resolvió el pasado viernes algunas de las cuestiones suscitadas. Rechazó las testificales del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, entre otras, pero admitió las de agentes y mandos de Policía, Guardia Civil y CNI, y pospuso hasta la sentencia su respuesta a las peticiones de nulidad de los audios de Villarejo.

'IRON' Y EL PRESUNTO ESPIONAJE A ABOGADOS

De acuerdo con el calendario propuesto por la Fiscalía, el desfile de acusados comenzará con los presuntos clientes de Villarejo en la pieza 2 ('Iron'), en la que se juzga si el despacho de abogados Herrero&Asociados contrató a CENYT en junio de 2013 para que espiara a un bufete de la competencia, Balder IP Law, con el objetivo de obtener información para nutrir una denuncia que el comisario hizo progresar en sede policial para causar un daño reputacional al nuevo despacho.

En concreto, sería el turno de Francisco y Mario Carpintero López, Álvaro Martínez Muñoz, Andrés Medina Bravo y María Ángeles Moreno Nogales, responsables de Herrero&Asociados que, según Anticorrupción, habrían intervenido en la contratación de Villarejo para que resolviera, "mediante una multitud de actuaciones ilícitas a desarrollar prevaliéndose de su condición policial y al margen de sus cometidos oficiales", la "situación de crisis empresarial" con el otro bufete.

Estos cinco acusados habrían recibido la información recabada con el 'Proyecto Iron' de Villarejo y su socio, Rafael Redondo, en una serie de reuniones que se habrían celebrado entre junio de 2013 y abril de 2014 tanto en el cuartel general de CENYT, en la Torre Picasso de Madrid, como en establecimientos públicos ya fuera de forma verbal o en informes.

DESPUÉS, 'LAND' Y 'PINTOR'

A continuación, según la propuesta de la Fiscalía, intervendrán los presuntos contratantes de 'Land', la pieza 3. Se trata de Susana García-Cereceda, Fancisco Lorenzo Peñalver y David Fernández Aumente, que, conforme al relato elaborado por el Ministerio Público, requirieron los servicios de Villarejo entre 2012 y 2014 en calidad de presidenta, administrador y asesor de PROCISA, la promotora inmobiliaria de La Finca, una urbanización de lujo de Madrid.

El propósito era, presuntamente, conseguir "información reservada" de terceros para que PROCISA se situara en un "posición ventajosa" en distintos asuntos. En un principio buscaría información patrimonial de empresas a las que debía pagar 34 millones de euros, pero después se configuró el 'Proyecto Land', "un trabajo de inteligencia, análisis de información e intoxicación informativa" sobre personas cuyos intereses económicos podrían chocar con la promotora inmobiliaria.

'Land' se habría desarrollado en tres etapas. Una primera dedicada a espiar a Jaime Ostos Alcalá, el marido de Yolanda García-Cereceda --hermana de la acusada--, para apartarle de la gestión del patrimonio de su mujer. La segunda se habría centrado en el arquitecto Joaquín Torres para disuadirle de los contenciosos entablados contra PROCISA. Y la tercera habría tenido como objetivo a Silvia Gómez Cuétara, la viuda del dueño de PROCISA, Luis García-Cereceda, para que Susana pudiera ostentar una "posición dominante" sobre la herencia de su padre.

La ronda de supuestos clientes la cerrarían los de la pieza 6 o 'Pintor', esto es, los empresarios Fernando y Juan Muñoz Támara, Ricardo Álvarez-Ossorio y José Luis García González. Aquí, Villarejo habría recibido en 2017 --ya jubilado como comisario-- el encargo de extorsionar a otro empresario, Mateo Martín Navarro, y a su abogado, el ex juez Francisco Javier de Urquía, a fin de que afrontara el pago de una deuda de más de 1,5 millones de euros que Hacienda les reclamaba de forma solidaria.

VILLAREJO, SUS COLABORADORES Y LAS EMPRESAS

Después, en un segundo bloque, comparecerían Villarejo, los demás miembros de CENYT y sus colaboradores, entre los que destacan, además de Redondo, la mujer y el hijo del comisario y el que fuera jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño. El broche de las declaraciones de los acusados lo pondrían las cuatro empresas que habrían contratado a CENYT.

En este triple juicio, Villarejo se enfrenta a una pena de prisión de 109 años de cárcel, multas que superarían los 950.000 euros --a las que habría que sumar las indemnizaciones de las que respondería solidariamente junto a las otras personas que resultaran condenadas--, así como inhabilitaciones para ejercer cargo y empleo público y para el sufragio pasivo.

Ya se sentó en el banquillo de los acusados en enero de 2020 por los delitos de injurias y denuncia falsa de los que le culpaba el ex director del CNI Félix Sanz Roldán, un caso en el que fue absuelto. Sin embargo, 'Tándem' --formada por más de una treintena de piezas y cuyo primer juicio es este por 'Iron', 'Land' y 'Pintor'-- le augura un largo recorrido por los tribunales.