El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha firmado acuerdos con las comunidades autónomas de Andalucía, Baleares, Castilla y León y Murcia para la construcción y la rehabilitación de más de 1.000 viviendas, un plan que estará financiado con 14 millones de euros de los fondos europeos.
El Gobierno central ha acordado la construcción de 100 viviendas destinadas al alquiler social o a precios asequibles y a la rehabilitación de otros 953 domicilios en dichas regiones, según ha informado en un comunicado.
En Murcia, el ministerio ha suscrito dos acuerdos con el Gobierno murciano y los ayuntamientos de Jumilla y Murcia para la rehabilitación de 395 viviendas en cuatro entornos situados en estos dos municipios. A Jumilla le corresponden 44 viviendas, mientras que Murcia capital reformará 351 viviendas. Del total presupuestado de 8,4 millones de euros, el Gobierno aportará 5,9 millones de euros provenientes de los fondos europeos.
Los fondos transferidos por el Ejecutivo forman parte de dos programas de los fondos europeos destinados a la construcción de viviendas en alquiler social y a la rehabilitación de entornos residenciales.
En Andalucía, el ministerio ha acordado con la Junta de Andalucía y el ayuntamiento de la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira la construcción de 100 viviendas, que deberán ser energéticamente eficientes y que contarán con una financiación de cinco millones de euros.
Asimismo, ha rubricado cuatro acuerdos por un valor de 7,5 millones de euros para cofinanciar con la Junta de Castilla y León y los ayuntamientos de Salamanca, Tiedra y Villalar de los Comuneros --en la provincia de Valladolid-- la rehabilitación de 455 viviendas, todas de titularidad privada, en seis entornos urbanos situados en estos tres municipios. Del total, 264 domicilios corresponden a Salamanca, 64, a Tiedra; y 64, a Villalar.
Por su parte, el Ministerio de Transportes ha alcanzado dos acuerdos con el Govern de las Islas Baleares y los ayuntamientos de Sóller e Inca. Contemplan la rehabilitación de 53 viviendas --también de titularidad privadas--, de los que 24 corresponden a Sóllder y 29 a Inca. El Ejecutivo nacional aportará más de 660.000 euros del total de los 1,1 millones de euros presupuestados para la reforma.
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