El PSOE recurrirá al TC el decreto ley de medidas de reactivación por la Covid en vivienda e infraestructuras

El PSOE ha anunciado que recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) el decreto ley que ha convalidado este miércoles el Pleno de la Asamblea Regional sobre Reactivación Económica y Social tras el impacto de la Covid-19 en temas de vivienda e infraestructuras.

Durante el debate parlamentario, el socialista Pedro López ha manifestado que en este decreto ley se contempla la modificación de leyes como la de Puertos o la de Ordenación del Territorio y que estas modificaciones no responden a una urgente necesidad. López ha acusado al Gobierno regional de abusar de la fórmula del decreto ley lo que implica "limitar la participación porque con esto se evitan las enmiendas ciudadanas y tampoco se necesitan informes ni controles jurídicos".

El socialista ha matizado que con decretos ley como éste tienen la sensación de que el Gobierno regional "pretende dar respuesta a situaciones particulares". En ese sentido ha añadido que van a estudiar plantear un recurso al Constitucional porque "no está justificado el uso de este decreto ley porque no existe, en nuestra opinión, el presupuesto habilitante del mismo".

Al igual que los socialistas, la portavoz del Grupo Mixto, María Marín ha criticado la norma aludiendo a que el Gobierno regional "ha tenido que enmendar su decreto en apenas 3 semanas, lo que significa una auténtica chapuza". Según ella, esta ley "no tiene nada que ver con la pandemia".

El portavoz del Grupo Parlamentario VOX, Juan José Liarte, también ha coincidido en que debe minimizarse el uso del decreto como forma de legislar. "Resulta incómodo cuando tenemos que debatir un decreto y su subsanación. El abuso del decreto sugiere que pueden haberse cometido errores de planificación", ha dicho.

Desde el PP, Juan Antonio Mata entiende que quien ha abusado de la figura del decreto ley ha sido el Gobierno de la nación y considera que los socialistas están en un "enfrentamiento continuo" y ha recordado que las medidas que han planteado cuentan con "todos los informes jurídicos".

Ha recordado que este decreto elimina trabas burocráticas, crea oportunidades y empleo y facilitará la recuperación económica. El 'popular' ha destacado medidas como la reducción de los plazos de concesión de las licencias urbanísticas para equipamientos, infraestructuras, regeneración urbana y rehabilitación de viviendas, así como medidas para dinamizar los alquileres de viviendas y locales de negocio.

El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Francisco Álvarez, ha añadido que este decreto ley "continúa la línea emprendida por la administración regional para eliminar cuántas trabas administrativas dificultan la relación entre la administración y los ciudadanos, y la recuperación, a la mayor rapidez posible, de la actividad económica".

El consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, ha explicado que este decreto ley contempla la tramitación urgente y prioritaria de los proyectos de los fondos europeos de recuperación de las actuaciones relacionadas con la rehabilitación de viviendas o edificios, equipamientos, infraestructuras, puertos y regeneración urbana. Según ha dicho, así se facilitará la inversión y la ejecución de los fondos europeos de reactivación económica 'Next Generation'.

"La normativa también posibilita el acceso inmediato a las viviendas sociales a las familias que atraviesan una situación de extrema necesidad, teniendo en cuenta sus circunstancias económicas, sociales o personales", ha expuesto.

Aparte, se incluye la "solución definitiva" para finalizar la tramitación de las ayudas de la reconstrucción de los edificios que se vieron afectados por los terremotos de Lorca de 2011 y se "garantiza la supervivencia y el futuro de las cofradías de pescadores al poder otorgarle de forma directa el servicio de los varaderos".

DECRETO LEY COORDINACIÓN POLICÍAS LOCALES

El Pleno de la Asamblea Regional también ha convalidado, en este caso por unanimidad, el decreto ley de Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad Autónoma, que afecta al uso de armas de fuego de propiedad privada por parte de la Policía Local.

La vicepresidenta de la Comunidad, Isabel Franco, ha explicado que el decreto ley modifica la ley para corregir un error en artículos de la normativa autonómica. Según ha expuesto, la ley regulaba el procedimiento que era aplicable al arma de fuego particular y se atribuía al alcalde la competencia para autorizar o retirar a la Policía este tipo de armas. "Los alcaldes no pueden autorizar la obtención del arma de fuego particular y tampoco pueden acordar su retirada. En estos casos, la competencia corresponde única y exclusivamente a la Guardia Civil", ha aclarado.