GP VOX insta a que Ábalos, el catedrático Viñas y el secretario de Estado de Memoria Democrática sean personas no gratas

El Grupo Parlamentario Vox ha registrado una batería de medidas dirigidas "al mantenimiento del nombre Aeropuerto Internacional Juan de la Cierva" y propone declarar a José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Ángel Viñas, catedrático emérito de la UCM y Fernando Martínez, secretario de Estado de Memoria Democrática, "personas no gratas en la Región de Murcia por el enorme daño causado a la Región, al nombre de Juan de la Cierva y Codorníu y a su memoria".

Recuerda, en un comunicado, que "en los últimos días muchos murcianos y medios de comunicación han manifestado su apoyo a la figura del ingeniero murciano Juan de la Cierva y a que el aeropuerto de la Región reciba su nombre".

Al mismo tiempo, se ha hecho patente "la indignación de los ciudadanos de Murcia por el extemporáneo juicio al que el Gobierno de España ha sometido al ingeniero de la Cierva".

"Tanto el apoyo a lo justo como la indignación por lo injusto son nobles sentimientos que muestran, una vez más, la grandeza de los ciudadanos de esta Región. Es necesario, sin embargo, que esas actitudes se concreten en acciones que permitan subsanar esta injusta situación", denuncia.

El Grupo Parlamentario Vox ha registrado por ello una batería de medidas dirigidas "al mantenimiento para el Aeropuerto Internacional Juan de la Cierva del nombre que le fue dado democráticamente por la Asamblea Regional en 2017".

Con estas medidas se insta al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a que "interponga las acciones administrativas y judiciales pertinentes para el mantenimiento del nombre de Juan de la Cierva para el aeropuerto".

Igualmente, "se exhorta al Gobierno de España a que respete las decisiones democráticas adoptadas por la Asamblea Regional, como sede máxima del poder legislativo en la Región y órgano de representación de la voluntad del pueblo de Murcia".

El Grupo Parlamentario Vox denuncia públicamente, una vez más, "la aplicación de la Ley de Memoria Histórica como un instrumento totalitario que pretende decir a los ciudadanos qué pensar sobre las figuras históricas e, incluso, a quién es lícito admirar".