Ayuntamiento de Cartagena explica a la Plataforma la paralización de la demolición de la cárcel de San Antón

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, y la vicealcaldesa, Ana Belén Castejón, se han reunido con los representantes de la Plataforma La Cárcel no se Tira para explicarles los motivos por los que se han paralizados las obras de demolición, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

"Les hemos indicado que no han cumplido los límites que se fijaban en la licencia para la demolición del muro exterior en el que han abierto un acceso", según ha explicado Castejón. "Debían hacer un hueco de tan solo 4,50 metros de altura y no lo han respetado porque han demolido el muro en su altura total", ha añadido.

Por este motivo, ha señalado que el Ayuntamiento ha paralizado las obras, les pondrá "la correspondiente sanción" y lo ha notificado a la Dirección General de Bienes Culturales de la Comunidad. "Nos comprometimos con la plataforma a informarles de cada paso que dábamos y así lo estamos haciendo", ha destacado la vicealcaldesa y concejal responsable del Área de Urbanismo.

La Prisión de San Antón, en Cartagena, fue construida entre 1935 y 1936 por Vicente Agustí Elguero, arquitecto de la Dirección General de Prisiones. Desde 1936 hasta 2002 funcionó como centro de reclusión para presos comunes y político-sociales.

En 2002 se convirtió en Centro de Acogida de presos con régimen abierto de tercer grado y como tal funcionó hasta junio de 2010.

Los actuales propietarios de la cárcel la adquirieron en 2017 y solicitaron su derribo total, a lo que el Ayuntamiento no concedió licencia, avalado por los informes de la Dirección General de Bienes Culturales.

Ante esta negativa municipal, la empresa presentó en 2019 una querella por prevaricación continuada contra la entonces alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón.

El juzgado de Instrucción 1 de Cartagena indicó a finales de 2019 que la alcaldesa no cometió un presunto delito de prevaricación administrativa, sino que además actuó al amparo de una resolución del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y con el objetivo de evitar un "daño irreparable", mientras la Comunidad Autónoma decidía si declaraba protegido todo el edificio como Bien de Interés Cultural (BIC).

Finalmente se han protegido diversas estancias que no están incluidas en la actual licencia de demolición.