Plan de Choque Social y Marchas de la Dignidad muestran su apoyo a la movilización de Marea de Residencias

Desde Plan de Choque Social y Marchas de la Dignidad Región de Murcia, han mostrado su apoyo total a la movilización convocada por la Marea de Residencias de la Región de Murcia y la Coordinadora de la Región de Murcia en Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE-RM) para el próximo martes 15, a las 11.00 horas, coincidiendo con el día 'Contra el maltrato a las personas mayores', declarado por la ONU como tal.

La concentración, que tendrá lugar en la puerta de la Consejería de Política Social, servirá para manifestar "la indignación ante todo lo acaecido con nuestros mayores durante la pandemia en las residencias de mayores de nuestra Comunidad".

El artículo 15 de la Constitución dice "todos los españoles tienen derecho a la vida y la integridad física y moral", y en su artículo 43-2 "compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios". Asimismo, en la Carta de derechos fundamentales de Unión Europea, en su artículo 2-1 dice "toda persona tiene derecho a la vida" y en el artículo3-1 "toda persona tiene derecho a su integridad física y psíquica", y en el 3-2 "la prohibición de las prácticas eugenésicas, y en particular las que tienen por finalidad la selección de las personas".

"Todo lo anterior ha sido continuadamente incumplido en las Residencias y con las personas dependientes, evidenciando la falta de humanidad de una sociedad que miró y mira hacia otro lado", afirman.

El próximo martes, declarado por la ONU día contra el maltrato al mayor, "debería abochornarnos por los más de 36.000 muertos en residencias y los no contabilizados en sus casas debido al abandono y nula inspección de los Gobiernos, la mala gestión, poca atención y voracidad económica de los gestores de las residencias, que han convertidos a estos en centros de muerte y malos tratos", indican.

Desde COESPE y Marea de Residencias, se ha reclamado durante la pandemia a Ayuntamientos, Diputaciones, Defensor del Pueblo autonómico, Gobiernos autonómicos, "y en todos los casos se ha recibido la callada por respuesta. Estos políticos han permitido que los y las mayores muriesen como animales, abandonados sin atención y sin ni siquiera el conocimiento y la despedida de sus familiares".

Y es que, según afirman, "la intervención sanitaria pública apenas llega para mantener la mínima dignidad en los cuidados a nuestros mayores y dependientes residentes en instituciones, que se han convertido en trampas macabras para ancianos privatizados. Consideramos que esto es una anomalía democrática que no se puede consentir".

Como "final apoteósico", explican, jueces y fiscales, cuyo deber constitucional es la tutela efectiva sobre las personas desvalidas, "en unión estrecha con el poder político y económico, colaborando en toda estas muertes por inacción, al no observar ningún tipo de delito en estas actuaciones".

"¿Qué ha hecho nuestro Gobierno Regional? Nada", subrayan, y añaden que si mañana hubiese una nueva pandemia, "se volverían a repetir las mismas escenas dantescas y nuestras compañeras y compañeros, padres y madres, volverían a pagar con sus vidas la incompetencia y la desidia de los políticos y el desinterés de una sociedad enferma que mira para otro lado".