El exdirector general de Carreteras volverá al juzgado para prestar declaración

El titular del juzgado de Instrucción número 4, en funciones de guardia, ha acordado la libertad para dos de los detenidos --con iniciales A.J.G. y M.P.A.-- por su presunta relación con un caso de posible corrupción en la cárcel de Sangonera (Murcia). El tercer investigado, J.A.F.L, exalto cargo del Gobierno regional, ha comparecido este miércoles por la mañana y se le volverá a llamar para que preste declaración en el juzgado que instruye la causa.

Cuando el magistrado resuelva sobre la situación personal de los tres detenidos más, puestos a disposición judicial en relación a estos hechos y que aún no han prestado declaración, se informará de su decisión, informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) en un comunicado.

Todos ellos están investigados en un procedimiento abierto por los delitos de cohecho, tráfico de drogas, estafa, frustración de ejecución, fraude a la Administración, falsedad documental y pertenencia a organización o grupo criminal, a falta de individualizar la responsabilidad de cada uno en los hechos objeto de investigación.

Cabe recordar que J.A.F.L ha sido cesado de su cargo como director general de Carreteras tras "tener conocimiento de su supuesta implicación en unas investigaciones policiales relacionadas con su esfera estrictamente privada, incompatibles con la exigencia ética del Gobierno regional".

La Guardia Civil detuvo el martes al alto cargo del Gobierno de Murcia dentro de una operación con un total de cinco arrestos por su presunta relación con un caso de posible corrupción en la cárcel de Sangonera, han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

La investigación se centra en una presunta trama que captaba dinero de los presos que, a cambio, recibían beneficios. Otras fuentes consultadas por Europa Press añaden que al menos hay cinco detenidos, entre ellos empleados de varias administraciones murcianas.

Los delitos que se imputan a los detenidos son cohecho, estafa, fraude a las administraciones públicas, falsedad en documento público y pertenencia a organización criminal.

En concreto, la investigación indaga en la introducción de droga, teléfonos móviles, comida y otros objetos prohibidos en el Reglamento Penitenciario, lo que se llevaba a cabo a cambio del cobro de dinero que la supuesta trama captaba de los presos interesados en estos beneficios.