Ciudadanos anuncia un acuerdo con PP y Vox con menos exigencias con el Pin Parental

Los tres partidos han incorporado como primer punto del pacto, un texto muy similar al firmado por PP, Cs y Vox en octubre de 2019 para desbloquear los presupuestos andaluces de este año.

Ciudadanos ha anunciado en la noche de este jueves que su formación, PP y Vox han llegado a un acuerdo para que este último partido apoye los presupuestos de la Comunidad de Murcia de 2020, y que mantiene el actual pin parental, con menos exigencias que el propuesto por VOX.

Tras varias semanas de negociaciones marcadas por las diferencias sobre la aplicación del pin parental o la eliminación de las subvenciones a sindicatos y empresarios, los tres partidos han alcanzado un acuerdo que permitirá aprobar las cuentas regionales en la Asamblea Regional sin incorporar ninguna enmienda al proyecto de Ley que apruebe el Consejo de Gobierno.

Respecto al pin parental, los tres partidos han incorporado como primer punto del pacto, que contiene 12 epígrafes, un texto muy similar al firmado por PP, Cs y Vox en octubre de 2019 para desbloquear los presupuestos andaluces de este año. 

La posibilidad de que la Región de Murcia implante en las aulas el llamado 'pin parental' como condición de Vox para aprobar los presupuestos de Ciudadanos y PP en la comunidad ha hecho saltar todas las alarmas. La formación naranja ha reconocido que no le gusta la medida y el Gobierno ya ha señalado que recurrirá ante los tribunales la decisión del gobierno murciano. Pero, ¿qué es el 'pin parental' y por qué genera tanta controversia?

¿Qué es?

Según Vox, el partido que incluyó en su programa esta medida, "es una solicitud que va dirigida a los directores de los centros educativos para que informe previamente, a través de una autorización expresa sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad, que puedan resultar intrusivos para la conciencia y la intimidad de nuestros hijos" para que los progenitores puedan conocerlas y analizarlas de antemano, "reflexionar sobre ellas y en base a ello dar mi consentimiento o no, para que nuestro hijo asista a dicha formación".

¿Dónde está la polémica?

Con esta medida, los padres pueden limitar la participación de los alumnos en ciertos talleres, sobre todo los de sexualidad, que son los más mencionados por el partido de Abascal en sus intervenciones. Sin embargo, los contenidos sobre esta materia y LGTBI están contemplados en las leyes autonómicas y tienen el objetivo de educar en la diversidad.

¿Cuál es el argumento de Vox para implantar esta medida?

El 'pin parental' fue una de las medidas estrella de Vox en las elecciones generales y en las intervenciones públicas, así como en su programa, ha defendido la necesidad de su implantación "ante el evidente adoctrinamiento en ideología de género que sufren nuestros menores en los centros educativos, en contra de la voluntad y contra los principios morales de los padres, a través de contenidos curriculares en asignaturas, actividades tutoriales, talleres y clases sobre ideología de género".

¿Qué dicen los principales actores?

El Ministerio de Educación y Formación Profesional recurrirá por la vía judicial cualquier iniciativa dirigida a imponer un "pin parental" en los centros educativos, al considerarlo "una censura previa" por parte de los padres a las actividades programadas por los colegios. Celaá ha insistido en que el veto por parte de los padres a la asistencia de los alumnos a estas actividades supondría una "objeción de conciencia encubierta" que podría aplicarse a contenidos curriculares y que va en contra de la legislación española y ha recordado que son los docentes quienes tienen la competencia para diseñar las actividades complementarias que consideren convenientes y dar así cumplimiento a lo establecido en los currículos correspondientes.

El propio Tribunal Constitucional ha señalado en diversas sentencias que el derecho a la objeción de conciencia solo existe en nuestro ordenamiento en los casos expresamente contemplados por la Constitución y las leyes. Por su parte, los colectivos LGTBI consideran que esta medida supone privar a los menores de su derecho a conocer la realidad y seguir desprotegiendo a la infancia.