La comisión permanente de la Junta de Personal Docente No Universitaria, en la que participan todos los sindicatos con representación, ha mantenido una reunión extraordinaria en la que se ha acordado la redacción de un manifiesto de cuatro puntos sobre los posibles cambios que podrían tener lugar en la Consejería de Educación.
Entre los puntos incluidos, los sindicatos han mostrado su "preocupación" por los nombres de los posibles responsables de la Consejería, al tiempo que han considerado que esos cambios pueden afectar al tejido educativo regional, informaron fuentes STERM en un comunicado.
La comisión ha contemplado, dentro del primer punto, que las propuestas de cambios que se pudieran producir en el ámbito de la Consejería de Educación "pueden afectar muy directamente a las condiciones de trabajo del profesorado representado en esta junta de personal".
Desde los sindicatos de enseñanza han mostrado su "preocupación y rechazo al uso partidista de la educación y de los puestos de responsabilidad que puede acarrear unas consecuencias nefastas para la educación en nuestra Región y para el funcionamiento de los centros educativos".
En otro de los puntos, la junta ha criticado que la actual situación de paralización en la negociación y toma de decisiones "está produciendo graves retrasos en la celebración de reuniones y grupos de trabajo en temas críticos: acuerdo de personal docente interino, oposiciones docentes, plan estratégico de FP, Plan de Igualdad, modificaciones autonómicas del RD de acceso a la función pública".
En el tercer punto de su comunicado, los sindicatos han mostrado su "especial preocupación" por los posibles nombres de responsables para la Consejería de Educación, al considerar que la trayectoria de declaraciones sobre la educación "confrontan con los intereses de la enseñanza pública y del colectivo docente al que representamos".
Por último, la junta ha pedido que al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, que "reflexione" sobre "las consecuencias negativas" que podría tener una "mala decisión basada solo en intereses partidistas y personales", a lo que han añadido que esperan que "prevalezcan los intereses colectivos que afectarán directamente a toda la comunidad educativa en particular y a la toda ciudadanía en general".
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