El PSOE continúa como primera opción en estimación de voto (30,7%) y amplia a casi doce puntos su diferencia sobre el PP. Los populares pierden un punto y medio respecto al mes anterior y se sitúan en el 18,8 por ciento, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de febrero del 2021.
En tercera posición se mantiene Vox, con un 13,6%, mejorando su dato del mes de enero. También aumenta Unidas Podemos del 10,7 al 11,2 por ciento y se coloca como cuarta fuerza en el Congreso. Por su parte, Ciudadanos anota un 9,3%, tres puntos por encima de su resultado en las elecciones generales del 10N, en las que solo logró diez escaños.
Los partidos del gobierno de coalición, PSOE y UP, recobrarían el apoyo del 41,9% de los votantes, un porcentaje levemente superior al 41,4% estimado en enero. En el bloque de la derecha, PP y Vox, sumarían el 32,4%. Por lo tanto, Casado necesitaría también el apoyo de los naranjas para alcanzar el 53,6%. Sin embargo, tras el terremoto político que ha resquebrajado la unión PP-Cs es menos seguro que los de Arrimadas apoyasen a los populares.
El CIS recogió los datos en los primeros días del mes de febrero, por lo que no recoge los efectos de las convulsiones políticas. En las jornadas en las que se realizó el trabajo de campo, PSOE y Cs no habían presentado aun la moción de censura al Gobierno regional de Fernando López Miras. Decisión política que sacudió a otras comunidades autónomas como Madrid o Castilla y León. En la capital llevó a la presidenta de la CAM, Isabel Díaz Ayuso, a convocar elecciones anticipadas. Por lo tanto, la estimación del voto en el mes de febrero aún no estaba condicionada a la situación política que se vive en estos momentos.
Los temas más polémicos de esas semanas era la reforma sobre los alquileres y las manifestaciones contra la encarcelación del rapero Pablo Hasél. También copaba el panorama mediático la segunda regularización fiscal del rey emérito y la vacunación de las infantas Elena y Cristina en Emiratos Árabes. Además, Luis Bárcenas testificaba en la Audiencia Nacional sobre la existencia de una 'caja b' en el Partido Popular y la delegación del Gobierno en Madrid prohibía las marchas por el 8M.
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