Detienen a 9 personas por su presunta implicación en red empresarial que explotaba a inmigrantes irregulares

La Policía Nacional ha detenido en Los Alcázares a nueve personas como presuntas autoras de los delitos de pertenencia a organización criminal, contra los derechos de los trabajadores, contra los ciudadanos extranjeros, así como por falsificación de documentos y usurpación, informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

El pasado mayo, la Jefatura Superior de Policía de la Región tuvo conocimiento de la existencia de un entramado empresarial de transporte de autobuses y trabajo temporal que desarrollaba sus actividades --una parte de ellas, legal-- desde hace varios años.

Al parecer, los propietarios de las mercantiles investigadas se aprovechaban de la situación de extrema necesidad en la que se encontraban ciudadanos extranjeros en situación irregular para, a cambio de obtener un importante lucro económico, conseguir mano de obra barata.

A estos trabajadores se les privaba de derechos laborales y de salud básicos, reduciendo considerablemente el coste de cada trabajador puesto que realizaban las labores agrarias a cambio de una remuneración muy reducida.

De esta forma, las empresas se revisten de un entramado societario para dar un soporte legal con el que envolver dichas actividades criminales: establecimiento de empresas de trabajo temporal (ETTs) y asesoramiento de prestigiosos gabinetes de economistas, abogados, asesorías, gestores, entre otros.

DESDE LOS JEFES HASTA EL ESCALÓN INFERIOR, TODOS ARRESTADOS

Puesta en marcha la investigación se pudo constatar la existencia de una organización criminal dedicada y especializada en la explotación laboral de inmigrantes irregulares, así como en el empleo y ocupación reiterada de ciudadanos extranjeros que carecían de permiso de trabajo.

Estas empresas estaban regentadas por los llamados 'jefes de la organización', dos varones de nacionalidad española de 45 y 47 años, que se rodeaban de personas de confianza: un gestor del ámbito económico y gestores de personal, que mantenían una relación directa con los 'jefes de cuadrillas' e incluso con los trabajadores.

Las diferentes gestiones han permitido constatar a los investigadores que los numerosos autobuses que transportan trabajadores de la empresa al campo trasladaban en su interior, mezclados entre trabajadores con permiso de trabajo y legalmente contratados, otros que, por el contrario, se encontraban en situación irregular en España, sin permiso de trabajo y, por tanto, sin autorización para ser contratados.

Con suficientes indicios incriminatorios, la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental (UCRIF) de la Policía Nacional ha procedido a la detención los principales investigados y a su posterior puesta a disposición de la autoridad judicial.