Vox ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) al entender que exigir el Certificado Covid "vulnera derechos fundamentales y libertades públicas", lo que, en su opinión, "es inadmisible en nuestro estado democrático y de derecho", informaron fuentes del partido en un comunicado.
"Con el pasaporte Covid se produce una doble discriminación, en primer lugar entre vacunados y no vacunados, así como entre aquellos que, aún estándolo, no quieren que sus datos médicos sean tratados por personas que no son profesionales de la sanidad", ha afirmado el vicesecretario jurídico, José Garre.
A su juicio, también supone "una discriminación entre aquellos negocios que se ven obligados a exigir este certificado a sus clientes para poder tener un nivel de aforo que les permita obtener una rentabilidad aceptable, como son la hostelería, ocio nocturno, celebración de eventos, entre otros, y aquellos a los que no se les impone esta exigencia".
Garre ha manifestado que los derechos que se consideran vulnerados son los aparecidos en el artículo 10, 'Derecho a la dignidad de la persona'; artículo 14, 'Derecho a la igualdad'; artículo 18, 'Derecho a la intimidad personal y familiar' y artículos 21 y 17, 'Derecho de reunión, libertad y seguridad'.
Por su lado, el vicesecretario de Organización de Vox Murcia, Rubén Martínez, ha incidido en que "este recurso viene a responder a la incapacidad de los distintos gobiernos de responder a esta pandemia de una forma que no sea otorgar subvenciones, que es lo único que parece que saben hacer, tras haber incumplido promesa tras promesa".
Para Martínez, "no existe ningún argumento sanitario que justifique, por ejemplo, el uso de mascarillas en espacios abiertos o que, en la hostelería se tenga que acceder con un certificado, marcando a la gente como si de otros tiempos, que no queremos recordar, se tratase".
"Si los distintos gobiernos no quieren o no saben gobernar, que dejen paso porque el respaldo social a Vox es palpable, más allá de las encuestas al uso que publican algunos medios, porque somos los únicos que ponemos voz a su día a día, a sus necesidades y a sus requerimientos. La medida es absolutamente ilegal, no existe ninguna norma que obligue a vacunar a la gente", ha concluido.
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