El Gobierno regional declarará de urgencia todos los trámites y procedimientos administrativos vinculados a la ejecución de las medidas que se incorporen al futuro decreto ley de Vivienda Asequible de la Región de Murcia con el objetivo de “reducir la burocracia a fin de que se agilice al máximo la puesta a disposición de las viviendas”.
Así lo avanzó el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, al presidente de la Federación Regional de Empresarios de la Construcción (Frecom), José Hernández, durante una reunión de trabajo enmarcada en la ronda de contactos para impulsar dicha normativa regional en materia de vivienda.
“La tramitación urgente para el nuevo modelo de vivienda asequible supondría acortar los plazos a la mitad del trámite ordinario actual y con las mismas garantías legales”, destacó García Montoro, quien recordó que lo que impulsa el Ejecutivo regional con esta nueva modalidad es “atender de manera inmediata el problema de acceso a la vivienda de los jóvenes y familias de clases medias”.
Esta medida de urgencia aplicable a la tramitación de los expedientes relativos a la vivienda asequible se basa en el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que permite “excepcionalmente” no cumplir lo referente al procedimiento ordinario de tramitación de expedientes fijado en el artículo 71 de esta normativa.
El titular de Fomento reiteró la intención del Ejecutivo regional de disponer del nuevo decreto ley “lo antes posible, para dar una solución a los problemas de acceso a la vivienda, que es uno de los más acuciantes de la Región de Murcia”.
El consejero indicó que se barajan distintas medidas legales para incrementar la oferta de suelo urbanizado para destinarlo a vivienda protegida con carácter urgente y transitorio. Entre ellas destaca la adecuación de locales o edificaciones con uso predominante terciario a uso residencial con destino a vivienda protegida.
Esta medida se materializaría con la introducción de un régimen especial de cambio de uso en el nuevo decreto ley. “La posibilidad de implantación de este uso residencial alternativo al terciario pensamos que tendrá eficacia inmediata desde la entrada en vigor de esta ley y no precisará modificación del planeamiento urbanístico, siempre con una serie de condiciones en las que estamos trabajando”, expuso el responsable regional.
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