La prórroga de los ERTE hasta el 30 de junio, la implementación de la fuerza mayor y un innovador sistema de exenciones, que estimula la recuperación de la actividad, son los principales ejes de la norma aprobada en el Real Decreto Ley 18/2020
El Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto Ley 18/2020 que otorga cuerpo legal al Acuerdo en Defensa del Empleo. Este estaba suscrito en el Palacio de La Moncloa, el pasado 11 de mayor, entre el Gobierno y los agentes sociales.
La Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha expuesto hoy los principales hitos de un articulado. En ellos hay un prórroga de los ERTE hasta el 30 de junio.
Tal como señaló la Ministra Díaz, los ERTE “han permitido que 3,3 millones de personas mantengan su relación laboral con la empresa. Y, al mismo tiempo, han servido para que más de medio millón de empresas se mantengan vivas en espera de la reactivación económica”.
La titular de Trabajo ha incidido en el papel preponderante del Diálogo Social en la articulación de un Real Decreto-ley. En este favorece un regreso pautado, de todos los sectores, a la actividad económica, a través de la denominada ‘fuerza mayor parcial’. Este figura permite la convivencia, dentro de una misma empresa, de personas trabajadoras reintegradas a la actividad y de otras personas trabajadoras que mantienen sus contratos en suspenso o con jornada reducida. El objetivo de este “paréntesis”, señaló la Ministra de Trabajo, no es solamente “salvaguardar el empleo”. Sino también constituir un incentivo para la reactivación. La voluntad que se cifra en el despliegue de “un innovador sistema de exenciones de la cotización empresarial”. Esta tiene en cuenta el momento de vuelta a la actividad, el tamaño de la empresa y la consideración del contrato afectado, ya sea de suspensión o de reincorporación.
El Real Decreto-ley convalidado hoy facilita, además, el tránsito de ERTE por fuerza mayor a uno por causa económica, técnica, organizativa y de producción. Estableciendo de esta manera los mecanismos de continuidad entre ambos y simplificando esta transición.
La normativa, que contempla la creación de una Comisión Tripartita de seguimiento del Acuerdo, ya en activo, se detiene también en el buen uso de los fondos públicos. Estos van destinados al mecanismo flexible y adaptable de los ERTE. Fruto de esta voluntad, el Real Decreto-ley 18/2020 recoge la cláusula específica de salvaguarda del empleo, durante seis meses, y la prohibición del despido, hasta el 30 de junio. En esta fecha se interrúmpale, también, el cómputo de los contratos temporales.
Además, la normativa hoy visada por la Cámara dicta que las empresas domiciliadas en paraísos fiscales no podrán acogerse a los beneficios de los ERTE. E impide el reparto de dividendos durante el ejercicio fiscal que corresponde a la aplicación del expediente.
La Ministra Díaz ha destacado el decisivo influjo del Diálogo Social en las medidas laborales, como este Real Decreto-ley 18/2020. Está diseñado para paliar las consecuencias laborales y económicas de la pandemia. Días ha concluido su exposición refiriéndose al RD 18/20 como “una norma, en fin, que vuelve a confiar en el Diálogo Social. Sobre todo para extender sus afectos más allá de junio y seguir gobernando la salida de la crisis de forma rigurosa y plural”.
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