El juicio contra el presunto frente jurídico de ETA queda visto para sentencia 10 años después del inicio de la causa

El juicio al considerado como frente jurídico de la banda terrorista ETA ha quedado este jueves visto para sentencia cuatro meses después de su inicio y más de 10 años después de las detenciones y los registros en los despachos de abogados que dieron lugar al sumario 13/13.

Antes de finalizar, dos de los acusados han hecho uso de su derecho a la última palabra comenzando por la considerada como presunta máxima responsable del colectivo de abogados de ETA, Arantza Zulueta, que ha vuelto a negar --como ya hiciera en la primera sesión-- que responda a los alias de Marxel o Viser, como se contiene en el informe Halboka.

"Del informe de la Guardia Civil, querría decir que los indicios son escasísimos", ha insistido, recordando además que la documentación sobre la que descansa su acusación se obtuvo en un domicilio en el que ella no residía.

Además, Zulueta ha querido recalcar que no ha sido militante de ETA y tampoco participó o dio su opinión favorable a la lucha armada. Como si ha participado, ha señalado, es como letrada desde el mundo de la izquierda abertzale para el final de la banda.

"Me parece que se ha vuelto a dar un paso importante por la convivencia y por la paz. Esto en el contexto de la sentencia puede tener su importancia. Soy responsable porque si he participado de esos debates en la izquierda abertzale, no en ETA", ha asegurado, recordando que el 18 de octubre se realizó una "declaración en la que se reconoce el daño causado" a las víctimas.

Para Zulueta, la proclama por el décimo aniversario de la Declaración de Aiete y el anuncio del fin de la violencia terrorista ha sostenido debería ser tenida en cuenta "cara a la sentencia" que espera sea absolutoria.

Sobre ella recae la pena más alta solicitada por la Fiscalía: 12 años de prisión y 14 años de inhabilitación especial para cargo público por el delito de integración en organización terrorista en condición de dirigente. Igualmente, el fiscal José Perals solicita 7 años de cárcel y 14 de inhabilitación absoluta por el delito de depósito de armas y explosivos.

El siguiente acusado --y el último-- en tomar la palabra ha sido Jon Enparantza, para quien el Ministerio Fiscal también solicita 12 años de prisión por su responsabilidad como dirigente. A su juicio, "es de lamentar que después de tantos años" del cese definitivo de la banda "se aborde o afronten las consecuencias del conflicto desde una perspectiva policial o judicial".

"Hubiera sido más satisfactorio afrontarlo (el juicio) desde un punto de vista más constructivo, positivo", ha afirmado, lo que ha provocado que la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, le reprenda por hacer un discurso político en el que ha atacado a la Fiscalía.

"Aquí no se hace política, se hace Justicia. Ese discurso en otros foros, aquí no. No haga un exordio usted sobre ETA", le ha espetado la magistrada. "Llevo cuatro meses escuchando acusaciones muy graves. Me defiendo a mi manera (...) No se puede mantener que ETA siga existiendo. Es una falacia", le ha contestado de nuevo el acusado.

A diferencia de Zulueta y Enparantza, los otros cuatro acusados --Naia Zuriarrain, Iker Sarriegi, Saioa Aguirre y Nerea Redondo-- han descartado hacer uso de su derecho. Para ellos las penas solicitadas van desde los 11 años de prisión por el delito de miembro de la organización terrorista ETA solicitados para Zuriarrain hasta los 7 años interesados para Aguirre o Redondo por un delito de colaboración con organización terrorista.

DE NUEVE PROCESADOS A SEIS PERSONAS EN EL BANQUILLO

Fue el pasado 13 de julio cuando los siete acusados se presentaron en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares acompañados por una comitiva de parlamentarios de EH Bildu, que mostraron su apoyo a los encausados.

El retraso en este procedimiento --que ha suscitado las quejas de los abogados, llegando a solicitar la atenuante de dilaciones indebidas-- que se inició en 2010 ha provocado que de los nueve procesados en la causa tan solo seis hayan terminado sentados en el banquillo de los acusados.

Todo ello después de que Juan Mari Jáuregui, al que se excluyó por motivos de salud, falleciese este mismo verano. Además, el tribunal presidido por Ángela Murillo excluyó a é Domingo Aizpurua aplicando la excepción de cosa juzgada.

Adicionalmente, la pasada semana la Fiscalía, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la Asociación Dignidad y Justicia retiraron la acusación que habían formulado contra Julen Celarain al no quedar acreditado que fuera la persona que usara el alias de 'Ilazky' que le inculparía.

DEFENSA DE REDONDO Y AGUIRRE

Antes de que los acusados hiciese uso del turno de última palabra, el juicio se ha reanudado con el abogado de Nerea Redondo exponiendo sus conclusiones definitivas y solicitando, como el resto de letrados, la libre absolución defendiendo que no es "autora de delito alguno".

A su juicio, si la presunción de inocencia "solo se destruye por prueba practicada en la vista oral en el caso de Nerea no ha podido ser destruida de ninguna manera". "Porque con respecto a ella las únicas pruebas practicadas han sido las propuestas por la defensa, su propia declaración", ha añadido.

En esta línea, el abogado ha insistido en que no ha quedado probado que Redondo entregase a Juan María Jáuregui --alias 'Pika'-- un total de 44.500 euros en metálico que guardó en su domicilio, de procedencia ilícita y que tenía como destino último la banda.

"No es que no se haya probado, es que no se ha intentado probar en torno a la procedencia de ese dinero", ha asegurado, lamentando además que se haya "pretendido dar una falsa imagen" de su representada, tratando de "atribuirle como antecedente un delito por el que fue absuelta".

"No cabe todo en la vista oral. Esto no es verdad, no es calificable", ha criticado, destacando además de que del total de 111 folios de la acusación, en que se ofrecen "relatos referidos a todos los acusados", solo se "dedican ocho líneas" a Redondo.

El letrado también se ha referido a la atenuante de dilaciones indebidas en los mismos términos que el resto de sus compañeros. "Ente las distintas fases del proceso se han producido parones afectantes a todos los acusados. Han transcurrido mas de seis años y medio en que ninguna actividad se ha llevado a cabo que afecte a la señora Redondo", ha defendido.

RELACIÓN CON EL EXJEFE DE ETA MARTITEGI

El último abogado en intervenir ha sido el de Saioa Aguirre, que ha solicitado su libre absolución. Según los investigadores, Aguirre actuó desde 2008 como correo entre su novio --Jurdan Martitegi, ex jefe militar de la banda-- y Zulueta.

El sistema de mensajes que utilizaba consistía en dejar los pendrive que contenían las comunicaciones en un banco de un parque, pegándolo con celo. Una vez que Martitegi dejaba el USB y la señal --ataba un lazo rojo en el mobiliario urbano-- ella lo recogía, llevándolo en alguna ocasión al despacho de Zulueta.

En este contexto, el letrado ha recordado que el Ministerio Fiscal y las acusaciones no valoraron la prueba documental presentada y referida a las supuestas torturas sufridas por Aguirre, además de la prueba pericial de la psicóloga.

"Entendemos que no hay ilícito penal. El Ministerio Fiscal deduce sin prueba que estas notas las envía Martitegi, que declaró y dijo que no es así. A partir de aquí... ¿qué prueba de cargo ha presentado el Ministerio Fiscal para demostrar esto?", ha zanjado.