El vicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias ha presentado una nueva ley para la protección de la infancia. Ha sido coincida como la ‘Ley Rhodes’ y su objetivo es proteger los derechos de los menores.
En 2018, 38.000 menores de edad fueron víctimas de ilícito penal. 50.000 niños también fueron atendidos por las entidades de protección de menores de las Comunidades Autónomas. Según los datos proporcionados por ‘Save The Children’, el 9% de los niños en España declara haber sufrido acoso y un 7% ciberacoso. Estos han sido algunos de los datos que Iglesias defiende para la incorporación e importancia de la nueva ‘Ley Rhodes’.
El vicepresidente segundo, en rueda de prensa, señaló que se trata de una ley “fundamental para proteger los derechos de la infancia de nuestro país. El anteproyecto se ha retrasado por la pandemia. Nos vamos a esforzar mucho para que en el trámite parlamentaria sea una ley de amplio consenso”.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la ley. Con ella todos los ciudadanos tendrán el deber de denuncia de forma “inmediata la existencia de violencia ejercida sobre niños, niñas o adolescentes”.
“Se trata de implicar a toda una sociedad y acabar con la impunidad”. La violencia contra los niños no debe abordarse “como un problema privado, sino social”, señalaba Iglesias.
La ‘Ley Rhodes’ obliga a denunciar al cónyuge y a los familiares cercanos de la personas que haya cometido un hecho delictivo cuando se trate de un delito grave contra un menor. También, los jueces de instrucción deben recurrir a la prueba preconstituida cuando la víctima tenga menos de 14 años.
Además, amplía el plazo de prescripción de los delitos graves contra menores. No empezará a correr hasta que la víctima haya cumplido 30 años, en lugar de los 18 que regían hasta ahora.
La ley recoge la pérdida de la patria potestad de los penados por homicidio o por asesinato. Para ello deben darse dos situaciones diferentes. La primera es que el autor y la víctima tuvieran un hijo y, la segunda, cuando la víctima fuera su hijo. Iglesias, respecto a esto, sentenciaba que un asesino “machista jamás puede ser un buen padre, y por tanto, no puede tener derecho a la patria potestad”.
Con la ‘Ley Rhodes’ fijarán protocolos de prevención obligatorios en todos los centros de menores. Habrán planes específicos de prevención y detección precoz añade posibles casos de explotación sexual. Y en todos los centros establecerán la figura del ‘coordinador de bienestar y protección’. Este recogerá todos los casos de acoso escolar.
También perseguirá delitos cometidos a través de internet. Incorporarán la incitación al suicidio, a comerte infracciones escualos o la promoción de trastornos alimenticios. Así, la difusión desde cualquier dispositivo a través de internet, que promueva el suicido a menores o personas con discapacidad de especial protección será castigado. La pena de prisión será de uno a cuatro años.
Regularán también un canal específico de denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos. Con ella garantizarán una protección y retirada de internet de los contenidos que atenten gravemente contra el mismo.
En la nueva regulación de los delitos de odio, incorporan la edad como causa de discriminación. Incluyen la aporofobia y la exclusión social dentro de estos tipos penales del Código Penal.
Se prohibirá la publicidad que pueda provocar en menores conductas violentas. También que integren estereotipos de carácter sexista, racista, estético o de carácter homofóbico o transfóbico.
La ‘Ley Rhodes’ también endurece las condiciones para el acceso al tercer grado de clasificación penitenciaria. Así como, de la misma forma, la libertad condicional y los permisos penitenciarios. Esto será para las personas penadas por delitos que atenten contra la indemnidad y libertad sexuales de personas menores de 16 años.
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