El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha acusado al Gobierno de sólo mostrar disposición de dialogar con ERC para asegurarse el apoyo de los republicanos en el Congreso: "Parece que el Gobierno tenga sólo interés en negociar con una parte del independentismo, que es casualmente la que le da estabilidad parlamentaria", ha dicho sin aludir a ERC.
Lo ha afirmado en rueda de prensa desde L'Alguer junto a su abogado, Gonzalo Boye; el jefe de la Oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, y el síndico del municipio, Mario Conoci, este sábado por la tarde tras reunirse con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el vicepresidente, Jordi Puigneró.
Ha mostrado su escepticismo acerca de los frutos que pueda dar la mesa de diálogo, a la que finalmente no acudieron miembros de Junts el 15 de septiembre.
"Estoy viendo diálogo pero no estoy viendo negociaciones. Hay una gran parte del independentismo, la que representamos nosotros, que no está sentada en esa mesa porque no está convocada, no está aceptada", ha lamentado.
Por otro lado, ha dicho estar satisfecho por el desenlace que ha tenido su detención el pasado jueves y ha detallado que ahora su intención es reanudar su actividad parlamentaria en el Parlamento Europeo.
Ha añadido que prevé volver presencialmente a Sàsser (Italia) el lunes 4 de octubre para declarar ante la Corte de Apelación de Sassari (Cerdeña): "Estoy convocado por la justicia y siempre que me han citado he asistido".
Puigdemont se ha mostrado "profundamente" agradecido a Aragonès por haberse desplazado a L'Alguer para apoyarle, como han hecho otros altos cargos, como el vicepresidente Puigneró y la presidenta del Parlament, Laura Borràs.
Para Puigdemont, la visita de Aragonès "dignifica la Presidencia de la Generalitat", y le ha expresado su respeto hacia su gestión al frente de la Generalitat.
"Estoy contento del resultado final. Nuestra argumentación política y jurídica se ha demostrado. Los argumentos eran muy sólidos. La justicia italiana ha tardado unas pocas horas en tomar una decisión que España lleva cuatro años sin tomar", ha añadido.
Ha considerado que este episodio comporta daños reputacionales para el Gobierno y también ha acusado al Estado de tener, dice, una obsesión con su persecución y una implicación directa en su detención: "Es una operación coordinada e inspirada por España, está fuera de duda".
"Los jueces no pueden tener ni estrategia ni discurso político. No pueden tener opinión ni decidir cosas por su antagonismo hacia mi persona y hacia mis ideas, y esto ha pasado en España", ha añadido.
Preguntado por su opinión acerca del futuro político de Cataluña, ha defendido que este pasa por la independencia: "España no tiene un proyecto político para Cataluña. En cuatro años ha sido incapaz de poner una propuesta encima de la mesa atractiva, que pueda competir con la idea de una Cataluña independiente".
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