El expresidente de Cataluña Carles Puigdemont, detenido este jueves en la isla italiana de Cerdeña como consecuencia de la euroorden emitida contra él por el Tribunal Supremo, podrá solicitar de nuevo medidas cautelares al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para tratar de recuperar su inmunidad como eurodiputado y parar su extradición a España.
Puigdemont recurrió el pasado mayo a la Justicia europea la decisión del Parlamento europeo de suspender su protección parlamentaria para que pudiera ser juzgado en España y el Tribunal europeo está aún examinando el recurso, aunque en julio le negó las medidas cautelares que solicitó para recuperar la inmunidad parlamentaria mientras se resolvía el caso.
El Tribunal con sede en Luxemburgo, sin embargo, avisó en el auto con el que negó las cautelares de que tal decisión se limitaba a las medidas temporales y que Puigdemont podría interponer una nueva demanda si el perjuicio alegado -su detención durante un viaje como eurodiputado-- resultara suficientemente probable.
"En la hipótesis de que, con posterioridad a este auto, el perjuicio alegado pudiera sobrevenir con probabilidad suficiente, especialmente en caso de arresto por una autoridad de un Estado miembro o de la puesta en marcha de una petición para su entrega a las autoridades españolas, podrán introducir una nueva demanda de medidas cautelares", según explicaba el auto dictado el pasado 30 de julio.
Entretanto, la Justicia belga mantiene en suspenso desde febrero de 2020 su examen de las órdenes europeas de detención y entrega que el Supremo emitió contra Puigdemont y su exconseller Toni Comín a la espera de que se resuelva la cuestión de sus inmunidades como eurodiputados de JxCAT.
El auto en el que el vicepresidente del TUE negó las cautelares a Puigdemont y reactivó la suspensión de su inmunidad recoge también el Tribunal Supremo dirigió una pregunta prejudicial al propio Tribunal europeo para aclarar si Bélgica podría rechazar la extradición de Puigdemont y Comín en base a elementos de su legislación nacional que no están previstos en la decisión marco de la euroorden.
También señala que las autoridades españoles "han indicado expresamente" que la remisión de las prejudiciales "implicaba la suspensión de las órdenes de detención nacionales e implicaba la suspensión de todos los procedimientos de ejecución de una euroorden susceptible de ser iniciada". El auto añade que las mismas autoridades españolas indicaron que "ningún tribunal de la Unión podría ejecutar las órdenes de detención europeas hasta que el Tribunal dictara sentencia".
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