La vicepresidenta Tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha remarcado este jueves que lo que se pretende en relación al trasvase Tajo-Segura es fijar unos caudales ecológicos que supongan "un punto intermedio" entre los intereses de los diferentes territorios sin dejar de garantizar el acceso al recurso y ha apuntado que la idea es llegar de forma gradual a un objetivo "que está por debajo de lo que quería Castilla-La Mancha, y por encima de lo que querían Valencia o Murcia".
En una rueda de prensa en Sevilla en la que se ha presentado del Plan Hidrológico del Guadalquivir 2022-2027, y a preguntas de periodistas sobre el malestar de regantes en Levante y reticencias de algunos gobierno autonómicos, Ribera ha destacado que lo que se está haciendo "en estos momentos" es "trabajar sobre una hipótesis" en la que se fijan "caudales ecológicos en el Tajo".
Unos caudales que, ha enfatizado, sean "de conformidad no con lo que hubieran pretendido los gobiernos de la cuenca cedente, no con lo que hubieran pretendido los gobiernos beneficiarios del trasvase, sino con un punto intermedio, que además de manera innovadora es gradual".
"Es decir, se irá incrementando hasta llegar a un objetivo que está por debajo de lo que quería Castilla-La Mancha y está por encima de lo que querían Valencia o Murcia, pero buscando un equilibrio que nos permita desarrollar nuestro compromiso de garantía de suministro a los consumidores de las cuencas beneficiarias de este trasvase", ha agregado.
En este sentido, ha agregado que desde el Gobierno consideran que "si el recurso procede de agua desalada, de agua regenerada, si hay correcta gestión dentro de la interconexión dentro de cada una de las cuencas", la "necesidad de trasvasar agua es menor y por tanto nos permitirá estar mejor preparados para esos escenarios de disminución importante del agua disponible". "Nuestro compromiso ha sido acelerar la inversión en estas infraestructuras y mantener el dialogo no solamente con autoridades sino con comunidades de regantes", ha remachado.
A juicio de la ministra, hay "una oportunidad muy importante de integrar las distintas piezas de un modo que responda a las necesidades sociales, primera cuestión, pero que responda también a los requerimientos, a las necesidades ambientales". En este sentido ha destacado, "porque a veces se nos olvida", que responda además "al cumplimiento de las normas y al acatamiento de las sentencias, que también importa el cumplimiento del Estado de derecho".
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