Un total de 130.000 menores con discapacidad igual o superior al 33% se están beneficiando, desde enero de este año, de la exención del copago farmacéutico de forma automática, según ha explicado el Gobierno.
En una respuesta parlamentaria a una pregunta de la diputada del PP Carmen González Guinda, el Ejecutivo ha explicado que estos menores se han visto beneficiados por esta medida tras su inclusión en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021.
En cuanto a la puesta en marcha, el Gobierno ha señalado que, el reconocimiento del derecho tiene fecha de 1 de enero de este año, aunque, indica, la carga efectiva en la Base de Datos de Asistencia Sanitaria (BADAS) fue el 5 de febrero.
Con este dato responde a las acusaciones de González Guinda que, en la pregunta registrada, cuestionaba la puesta en marcha de esta medida denunciando que había familia a las que no se les había aplicado de modo automático la exención de copago a principios de año.
"En algunos casos, algunas familias, no todas, han recibido desde el Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones un modelo de 'Solicitud Farmacia Gratuita para Menores de Edad con un Grado de Discapacidad Reconocido igual o superior al 33%' en el que se especifica que ha de ser rellenado en el caso de que el menor de edad no tenga farmacia gratuita reconocida", apunta la diputada 'popular'.
En su respuesta, recogida por Europa Press, el Gobierno ha insistido en que la exención de copago se ha hecho de forma automática, con la información que tenía el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de antecedentes de estos menores discapacitados en las bases de datos de la Seguridad Social como perceptoras de otras prestaciones en las que quedaba acreditada su discapacidad.
Sin embargo, ha reconocido que este proceso de incorporación automática, sin necesidad de intervención de la persona afectada o de sus responsables, ha sido "complejo técnicamente", por las complicaciones que se han generado al tratarse de menores que no están obligados a tener DNI y porque han tenido que realizarse desarrollos informáticos.
En concreto, ha explicado, se han tenido que adaptar a esta nueva normativa las bases de datos de asistencia sanitaria del INSS, la de la Tarjeta Sanitaria del Ministerio de Sanidad y la de datos de los aplicativos locales de las respectivas comunidades autónomas.
En este sentido, ha reconocido la labor "coordinada" con las entidades implicadas que, según ha señalado, ha permitido que esta medida se lleve a cabo "con la mayor celeridad posible" y "garantizando que los errores o incidencias fueran mínimos".
En cuanto al formulario del que habla González Guinda, el Ejecutivo explica que lo diseñó ante la existencia de grupo de menores con un grado de discapacidad igual o superior al 33% de los que no existen antecedentes en las bases de datos de la Seguridad por no percibir prestaciones y que, por tanto, no accederían de forma
automática a la farmacia gratuita.
Este modelo de solicitud no se ha enviado por el INSS a ningún colectivo o entidad, ha apuntado, sino que se encuentra a disposición de cualquier ciudadano en Internet, ha concluido.
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