El PP impulsa una ley contra la ocupación ilegal de inmuebles para permitir el desalojo en 24 horas

"Debe ser aprobada de manera inmediata, no podemos permitir el aumento de ocupaciones ilegales", ha manifestado Borrego

"La pasividad de Sánchez está permitiendo el aumento del fenómeno de la ocupación ilegal"

"La ocupación ilegal no puede entenderse como una vía de acceso a la vivienda, sino como un delito contra la propiedad privada", ha lamentado

El Partido Popular ha registrado una Proposición de Ley para luchar contra la ocupación ilegal y permitir el desalojo en 24 horas porque "no podemos permitir el aumento de ocupaciones ilegales", a raíz de los datos que reflejan un aumento del 60 por ciento en la Región de Murcia en 2021 y ante la pasividad y tolerancia del Gobierno de Sánchez en manos de la izquierda más radical, que se niega a buscar soluciones.

La diputada nacional del PP, Isabel Borrego, ha reclamado al Gobierno de España la aprobación inmediata de esta ley para "poner fin a la impunidad de la ocupación ilegal porque no puede entenderse como una vía de acceso a la vivienda, sino como un delito contra la propiedad privada".

"La pasividad de Sánchez está permitiendo el aumento de este fenómeno al virar a los postulados de la izquierda más radical negando este problema", ha argumentado Borrego, quien ha remarcado que esta situación "está permitiendo que no se ponga fin a las bandas organizadas".

Entre otras cuestiones, tal y como ha explicado la diputada nacional, la ley del PP contempla la imposibilidad de que la ocupación ilegal pueda dar lugar a la inscripción en el padrón municipal; mecanismos para impedir que se empadronen o que se acojan a otros beneficios por parte de las administraciones; así como el endurecimiento de las penas en el caso en el que se trate de mafias.

Así se proponen medidas en el ámbito fiscal a favor de los propietarios como "la exención del pago del impuesto de bienes inmuebles y del impuesto de patrimonio mientras dure la ocupación ilegal".

Borrego ha recordado que "el Gobierno de Fernando López Miras fue el primero en España en implantar una ley regional para frenar el fenómeno, dentro de las competencias de la propia comunidad, pero el Gobierno de España debe asumir las suyas para atajar este problema de raíz".

De hecho, para el PP "la defensa de la propiedad privada y la lucha contra la ocupación ilegal es una prioridad, frente a una izquierda que abandona a los propietarios", a lo que ha recordado que "defendemos el derecho de que todas las personas, que tienen dificultad para acceder a una vivienda, sean apoyadas por las administraciones para solventar esta situación, pero no a costa del derecho de la propiedad".