La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cartagena ha acordado este viernes, bajo la presidencia de la alcaldesa, Noelia Arroyo, el inicio del expediente para la elaboración de una nueva ordenanza que permitirá, entre otros usos, la celebración de bodas en las playas, informaron fuentes municipales en un comunicado.
El expediente arrancará con la apertura de un plazo de 20 días de consulta pública en el que se recogerán las aportaciones de ciudadanos y colectivos para cerrar una propuesta que permitirá actualizar la normativa sobre uso de playas e incorporar nuevos usos, como la celebración de eventos y bodas cuando sean considerados de interés turístico.
Previamente, para hacer posible las celebraciones de bodas, el Ayuntamiento las ha declarado eventos de Interés Turístico Local.
Además, el Ayuntamiento ya ha concretado una propuesta de espacios en los que podrían desarrollarse las celebraciones. Para escogerlos, la concejala de Turismo, Cristina Pérez, realizó consultas con los empresarios del sector turístico especializados en este tipo de celebraciones para la elección de las zonas del litoral más adecuadas.
Así, se han determinado 18 ubicaciones en La Manga, el Mar Menor, La Azohía y Cala Cortina, entre las que se encuentran cala del Turco; playa de Entremares; El Vivero; Cavanna; playa del Ciervo; Galúa; playa del Barco; La Azohía; San Ginés; Estrella del Mar; Mar de Cristal; Villa Caravaning; cala Reona y El Carmolí. Los emplazamientos propuestos han sido remitidos a la Demarcación de Costas, que es el organismo que, en última instancia, deberá autorizar cada uno de los eventos.
La aprobación de la nueva ordenanza servirá para incorporar las novedades que se han producido en las legislaciones nacional y regional desde 2007, año en el que se aprobó la anterior ordenanza municipal.
El 'Estudio del impacto económico en la celebración de eventos en el espacio marítimo terrestre de Cabo de Palos y La Manga', elaborado por Hostecar con datos anteriores a la pandemia, determinaba que este tipo de celebraciones podrían tener un impacto económico de unos cinco millones de euros y alrededor de 2.700 empleos.
Por otro lado, el Gobierno municipal trabaja ya en la elaboración de un procedimiento que ayude a los contrayentes a realizar la reserva de fechas y emplazamientos de la forma más sencilla y con la garantía de que la solicitud, que el Ayuntamiento tramitará ante Costas, cumpla todos los requisitos que garanticen su autorización.
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