El Gobierno regional ultima este miércoles sus alegaciones contra el recorte previsto por el Gobierno central al Trasvase Tajo-Segura para remitirlas al Consejo de Estado y defender los intereses de la Región de Murcia.
Unas reivindicaciones que se centrarán en la "falta de consideración económica y ambiental", además de la "falta de transparencia" en su tramitación el borrador de Real Decreto del Plan Hidrológico del Tajo, según informaron fuentes del Ejecutivo autonómico en un comunicado.
Un paso que se produce tras la solicitud de audiencia realizada por el jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, a la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio, el pasado 20 de diciembre y cuya respuesta fue recibida el día 30 de diciembre, dando de plazo hasta las 13.00 horas del día 5 de enero para presentar la documentación.
Cabe recordar que el pasado 29 de noviembre se celebró el pleno del Consejo Nacional del Agua en el que se sometió a informe preceptivo el proyecto de Real Decreto del plan hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo para el tercer ciclo de planificación (periodo 2022-2027). Un documento que fue informado favorablemente por la mayoría de integrantes del Consejo.
Dicho texto recogía el establecimiento de un régimen de caudales ecológicos calificado como excesivo por parte de la Comunidad, tal y como quedó demostrado en los estudios y análisis hidráulicos presentados durante la fase de consulta pública y que fueron ignorados durante la tramitación del mismo.
Esta medida lleva consigo la reducción del volumen trasvasable a la cuenca del Segura, si bien iba aparejado a los resultados de un Plan de Seguimiento ambiental que midiera la efectividad de los cambios. Una decisión que fue enmendada por el secretario de Estado de Medio Ambiente durante el pleno del Consejo de Estado, asegurando que el documento sería modificado y dicho Plan dejaría de ser relevante a la hora de aplicar el recorte de hasta un cincuenta por ciento del agua del Trasvase, según las mismas fuentes.
La modificación del texto, ya debatido e informado favorablemente, antes de ser aprobado por el Consejo de Ministros, queda demostrada en los documentos que el Consejo de Estado envió el pasado día 30 a la Comunidad, en los que se recoge el cambio de la Disposición Adicional Novena que desliga el "recorte" previsto por el Gobierno de España a la evolución ecológica del Tajo.
Supone, por tanto, una situación "insólita y que viene a demostrar que el único objetivo del Gobierno de España es cerrar el Trasvase Tajo-Segura, pasando por encima de cualquier criterio técnico y jurídico", según las mismas fuentes.
Por todo lo anterior, el Gobierno regional confía que puedan ser oídas las alegaciones sobre el proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo para el tercer ciclo de planificación (2022-2027) con el fin de que las mismas puedan ser tenidas en consideración por el Consejo de Estado antes de la emisión de su preceptivo informe.
El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Arcadi España, ha abogado por la negociación "desde una posición de firmeza" para defender los intereses "no solo legítimos, sino justos" de los regantes. No obstante, ha precisado que la Generalitat no entrará en ninguna guerra, pues considera que "las guerras del agua nunca traen agua".
Así se ha expresado este miércoles España, durante su visita a Alicante, tras ser preguntado por los periodistas sobre la subida del agua desalada, a causa de la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de anular la subvención que venía concediendo al agua desalada que usan los regantes de la zona del trasvase Tajo-Segura y que supondrá triplicar los precios.
Al respecto, el conseller ha recalcado que la Generalitat "no está de acuerdo" con este aumento y se ha posicionado "al lado de los regantes", al tiempo que ha apostado por "llegar a acuerdos". "La Generalitat no busca votos con el agua, busca que los regantes tengan el agua que necesitan", ha aseverado.
En este sentido, ha destacado que el Consell trabaja en ello "desde una posición de firmeza y reivindicación conjunta con los regantes, pero sin buscar ningún tipo de guerra". "Las guerras del agua nunca traen agua. Lo que trae agua es la negociación, desde una posición de firmeza y de defensa de unos intereses no solo legítimos, sino justos para los regantes", ha enfatizado.
Cuestionado sobre si el Institut Valencià de Finances (IVF) podría ayudar a que el coste del agua desalada fuera más asumible para los regantes, España ha asegurado que la entidad apoya al sector agrícola de la provincia de Alicante y ha precisado que "siempre apoya a todo el tejido productivo, sea el que sea".
"En este caso, la decisión del precio del agua desalada es una decisión que tiene que tomar el Gobierno de España y esperemos que se corrija y se adecue a las necesidades de los regantes", ha zanjado.
La síndica de Cs en Les Corts, Ruth Merino, afea la "hipocresía" del 'president' de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, respecto al recorte del Gobierno al trasvase Tajo-Segura y la subida del precio del agua desalada: "Menos hacerse el ofendido, más hechos y más políticas que ayuden a los regantes alicantinos".
Así valora la advertencia de Puig de que no aceptará ninguna "imposición" del Ministerio para la Transición Ecológica respecto al futuro del trasvase y su exigencia de que se mantenga lo acordado a finales de noviembre en el Consejo Nacional del Agua.
Merino, en un comunicado, critica que tras ocho años de Botànic y cuatro de gobierno de Pedro Sánchez siguen sin resolverse problemas como la infrafinanciación de los valencianos o los problemas del agua, que "se han convertido en una guerra entre el Gobierno central y el de Castilla-La Mancha contra la provincia de Alicante".
Aconseja así a Puig que "si no es capaz de conseguir en Madrid ninguna mejora para los regantes, actúe como 'president' y apruebe medidas, como las de Ciudadanos, que pretenden amortiguar los perjuicios que van a tener los regantes con este recorte".
El grupo 'naranja' presentó una línea de ayudas en los presupuestos autonómicos para proteger la renta de los regantes como consecuencia de la reducción del Tajo-Segura y el aumento del coste del agua desalada, una propuesta que los representantes del Botànic rechazaron.
"De nuevo se muestra la hipocresía de este gobierno, que habla mucho pero no actúa. Los valencianos necesitamos más contundencia y más hechos", reivindica la portavoz parlamentaria.
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