El Gobierno tiene potestad para decretar el estado de alarma en España. Esta vez ha sido ante la propagación del coronavirus por lo que se ha tomado esta medida.
El estado de alarma en España está regulado por el artículo 116 de la Constitución Española. Este permite al Ejecutivo aplicar medidas excepcionales en situación de extrema necesidad.
Por otro lado, el estado de alarma es el más leve de los tres estados excepcionales y está previsto para catástrofes de alta envergadura, crisis de tipo sanitario o paralizaciones graves de los servicios públicos. Concretamente, hay una ley orgánica que regula estos estados y precisa que el de alarma es el más indicado para afrontar “epidemias y situaciones de contaminación graves”.
Permite poner a los cuerpos policiales, nacionales y autonómicos, bajo las órdenes directas del Gobierno. Aunque, principalmente, esta situación no afecta a la vigencia de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, algunas libertades sí se pueden ver afectadas.
La Ley faculta al Gobierno a limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados. También requisar bienes temporalmente, imponer prestaciones personales obligatorias, ocupar industrias y explotaciones, racionar el consumo de artículos de primera necesidad e imponer que se cumplan servicios mínimos.
Fuentes jurídicas aseguran que a través de esta medida podría “limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos, hacer requisas y ocupar transitoriamente inmuebles”.
Puede ser aplicado directamente por el Gobierno mediante decreto por un plazo máximo de 15 días. Sus prórrogas, si hay, deberán ser aprobadas por el Congreso de los Diputados.
Puede afectar al país entero o a una parte. El decreto del Gobierno para dar paso a esta medida tiene que delimitar el territorio al que afecta.
Se utilizó en España por primera vez y única en diciembre del 2010, cuando una huelga salvaje de controladores obligó a cerrar el tráfico aéreo en el país. En esa ocasión el Gobierno, de José Luis Rodríguez Zapatero, militarizó las torres de control.
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