Sigue el procedimiento contra los investigados y empresas del caso La Sal

Contempla indicios de prevaricación y malversación en el proyecto de la desalinizadora de Escombreras. Entre los procesados está el exconsejero de Agricultura, Antonio Cerdá.

La magistrada del juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, este miércoles, ha acordado continuar con el procedimiento contra los investigados del caso La Sal. Continuará el proceso contra 17 de los 20 investigados en las diligencias abiertas, entre los que se encuentra el exconsejero de Agricultura, Antonio Cerdá. Todo ello tras la denuncia de irregularidades en el proyecto de la planta desalinizadora de Escombreras. Estas acciones son conocidas como caso La Sal o Desaladora.

También ordena que continúe el procedimiento contra las mercantiles Hydromanagement, Tedagua, Cobra Instalaciones y Servicios S.A., Mocobra S.A., Cobra Gestión de Infraestructuras S.L.U., Hidronostrum S.A. y Desaladora de Escombreras. Están acusados como posibles responsables civiles subsidiarios, además de la Comunidad, en la doble condición de perjudicada y responsable civil subsidiaria.

El procedimiento se inició en abril de 2016, pero las actuaciones permanecieron secretas "para no perjudicar el resultado de la investigación" hasta enero de 2018.

La Brigada Central de Investigación y de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía Nacional practicó diversos registros. Después,  presentó en la fecha anterior,  el informe y aporta la documentación intervenida, clasificada en 60 documentos.

La decisión judicial del caso La Sal

El auto recoge que, en la documentación aportada por las partes, se llega a cifrar el valor de la desaladora, más las infraestructuras asociadas, en 175 millones y, por tanto, la resolución contractual. La referencia temporal es de junio de 2012, y fijaba en una cantidad que superaba los 600 millones de euros.

Las auditorias de cuentas, las reclamaciones judiciales, las subvenciones, las aportaciones de capital de los socios y las procedentes del Fondo de Liquidez Económico o plan de pago a proveedores, entre otro, "eran indiciarios del quebranto económico para las arcas públicas. También del exceso de autoridad desplegado en el sector públicos y de la discordancia entre la información/contabilidad económica facilitada y la reflejada".

Para finalizar, el auto decreta el archivo provisional de las actuaciones respecto a los tres investigados, socios minoritarios de Hidromanagement. Apuntan a que no "constaba que el mismo interviniera en los hechos objeto de enjuiciamiento con capacidad funcional" y por la dimisión o renuncia a formar parte del consejo de administración, en los otros.

Tras la resolución, el Ministerio Fiscal y las demás acusaciones personadas tienen 30 días para formular un escrito de acusación. Solicitando desde este la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa. Sin atender a prejuicio de que, excepcionalmente, puedan solicitar la práctica de diligencias complementarias, concluye la parte dispositiva del auto.

Este no es firme y contra el cabe recurso de reforma ante el órgano que lo dictó y subsidiario de apelación ante la Audiencia Provincial.