La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha garantizado que la nueva ley de educación, la LOMLOE, permitirá que las familias con hijos con discapacidad puedan elegir centro, y que el objetivo de la nueva regulación es "mejorar el grado de inclusión" de los jóvenes estén donde estén.
"Si el padre o la madre de un niño con espectro autista o síndrome de Down quieren que se escolarice en un centro ordinario lo podrán hacer porque esa escuela tendrá recursos y medios. En aquellos casos que no sea posible o no sea conveniente la escuela ordinaria, esos niños serán escolarizados en la educación especial", ha afirmado en una entrevista en 'El Periódico' este lunes recogida por Europa Press.
Alegría ha sostenido que eso va a ser así "ahora y dentro de 10 años", y ha destacado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) prevén un plan dotado con 43 millones de euros para la educación inclusiva.
Con este plan, que desarrollarán junto a las comunidades autónomas, aspiran a que los colegios "ordinarios dispongan de más recursos personales y materiales", como mediadores y fisioterapeutas, y ha negado que la LOMLOE busque el cierre de los centros especiales.
Según ella, "lo que dice la ley no es otra cosa que mejorar la atención que reciben" los niños con necesidades educativas especiales por razón de alguna discapacidad, en el centro que mejor se adecue a sus necesidades y con la participación de las familias.
En cuanto a las asignaturas, ha asegurado que la nueva regulación incluirá Historia moderna de España y currículos similares a los de otros países europeos, incidiendo en las competencias: "Tenemos comunicación fluida con las comunidades y con cientos de profesionales de la educación para afrontar la reforma."
Sobre la posibilidad de retirar las mascarillas en los patios, ha dicho que "a lo largo de toda la pandemia, la prudencia ha sido una gran aliada" y que de momento la norma obliga a llevarla en el exterior si no se puede respetar la distancia de 1,5 metros.
"Las medidas de flexibilización hay que aprobarlas cuando la situación sea estable. La prudencia nos ha traído hasta aquí y ha sido buena consejera. Los menores de 12 años, además, no están vacunados", ha añadido.
En cuanto a la ley de FP --ya en tramitación parlamentaria-- ha dicho que es "una deuda pendiente" y que es clave para garantizar un empleo de calidad entre los jóvenes, y darles la formación que demandan las empresas.
El modelo contará con contratos remunerados: "En el caso de la FP intensiva, habrá un 35% como mínimo de prácticas. El tipo de contrato lo estamos estudiando ahora en la reforma laboral".
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