Vélez afirma que la nueva Ley de FP multiplica las oportunidades de acceso de los jóvenes murcianos a empleo de calidad

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, José Vélez, ha destacado "las nuevas oportunidades de acceso a un empleo de calidad que se abren para los jóvenes murcianos", tras la aprobación este martes en Consejo de Ministros del anteproyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, informaron fuentes de la Delegación en un comunicado.

"El 50% de las oportunidades de empleo en el año 2025 estarán reservadas para personas con cualificación intermedia, es decir, técnicos y técnicos superiores de formación profesional, por lo que el Gobierno de España asumió el impulso y modernización de la FP como un proyecto estratégico que reducirá considerablemente el desempleo juvenil y multiplicará las oportunidades de acceso a un empleo de calidad de los jóvenes murcianos", ha explicado Vélez.

En este sentido, el delegado ha destacado los 39,3 millones de euros que el Ejecutivo central ha destinado en los últimos meses a diversos proyectos estratégicos de impulso y modernización de la FP en la Región de Murcia.

LEY AMBICIOSA Y CONSENSUADA

"Es una ley ambiciosa, consensuada con las Comunidades Autónomas, organismos e instituciones, asociaciones y agentes sociales y todos los actores con interés legítimo en la Formación Profesional, que consolida un sistema único e integrado y, al mismo tiempo, permite a cada territorio adaptar la Formación Profesional a las características de su mercado laboral y realidad productiva", ha añadido Vélez, que también ha destacado la creación de 4.200 nuevas plazas entre 2020 y 2021.

La nueva norma responde a la profunda transformación del sistema de Formación Profesional que comenzó en 2018 con el diseño de una estrategia de modernización.

La necesidad de una mayor cualificación intermedia entre la población activa ante la demanda creciente de estos perfiles profesionales en el mercado laboral, el incremento de horas de formación entre empleados y desempleados, la necesidad de acreditar las competencias profesionales de millones de trabajadores o el impulso del número de jóvenes que eligen la Formación Profesional como opción formativa "de primer orden y éxito" son algunos de los retos a los que el Ministerio de Educación y Formación Profesional quiere hacer frente con la futura Ley.

La futura ley cuenta con un impacto presupuestario de 5.474,78 millones de euros durante su implantación en cuatro años.

TODA LA FP TENDRÁ CARÁCTER DUAL

El proyecto de Ley de Formación Profesional contempla que la oferta de los Grados C y D incluirá un periodo de formación en la empresa bajo dos regímenes: Formación Profesional general y Formación Profesional intensiva.

La primera contempla un tiempo en la empresa de entre el 25% y el 35% de la duración total de la formación, y el compromiso de la compañía de participar en hasta un 20% de los contenidos y resultados de aprendizaje del currículo.

La segunda una formación en la empresa a partir del 35% de la duración total, así como la colaboración de esta con el centro de formación en el desarrollo de más del 30% del currículo. Además, contempla un contrato de formación entre el estudiante y la empresa en los términos que determine la legislación laboral.

La norma potencia la corresponsabilidad entre los centros de Formación Profesional y los centros de trabajo de su entorno, que trabajarán de manera conjunta en los aprendizajes del currículo.

El proyecto incorpora la figura del tutor dual del centro y del tutor dual de empresa. Este último colaborará en la valoración de los aprendizajes adquiridos de cada estudiante, aunque la evaluación final será responsabilidad del centro de Formación Profesional.

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS

El proyecto de Ley también transforma el sistema de acreditación de competencias profesionales adquiridas mediante la experiencia laboral y vías no formales de formación. El texto fortalece el procedimiento abierto de manera permanente e iniciado el pasado marzo con la aprobación del Real Decreto 143/2021.

Con este nuevo sistema, el MEFP prevé que más de tres millones de personas puedan acreditar sus competencias en cuatro años, frente al anterior modelo, con el que lo consiguieron "tan solo 300.000".

Además, la nueva norma regulará la relación entre las enseñanzas de Formación Profesional y las universitarias, facilitando el diseño de itinerarios formativos que permitan transitar sin obstáculos entre los dos sistemas y en ambos sentidos.

El texto recoge el impulso a nuevos modelos de colaboración, proyectos compartidos o el intercambio de recursos y espacios para generar transferencia de conocimiento y la puesta en común de buenas prácticas.

ORIENTACIÓN PROFESIONAL A LO LARGO DE LA VIDA

El MEFP apuesta también por el acompañamiento durante la formación y establece el origen de lo que será el nuevo modelo de Orientación Profesional en el marco de la Formación Profesional al servicio de la ciudadanía, e integrado en los procesos de formación y acreditación de competencias.

En cuanto a los centros, las dos redes hasta ahora independientes, la del sistema educativo y los centros y entidades autorizadas para la Formación Profesional para el empleo, serán complementarias. Todos los centros estarán inscritos en el Registro Estatal de Centros de Formación Profesional.

Asimismo, la futura Ley atiende a las recomendaciones de la Unión Europea (UE) en materia de internacionalización. El documento regula la participación en proyectos y organismos internacionales, la convocatoria de proyectos de formación entre centros españoles y extranjeros, así como la movilidad de alumnado y profesorado entre distintos países. Además, incluye la creación de dobles titulaciones y la oferta bilingüe.