Ayer por la tarde saltaban todas las alarmas cuando vecinos de la zona de la gola de Marchamalo veían dos máquinas en la playa. Muchos corrieron a asegurar que estaban preparadas para el dragado de una de las golas que conecta el Mar Menor con el mediterráneo.
Las críticas comenzaron a llegar contra el gobierno regional, por llevar a cabo ese dragado que no está basado en criterios científicos ni medioambientales serios. Poco después todos los fuegos se apagaban, porque se confirmaba la maquinaria estaba de apoyo a las labores de limpieza de la zona. Había hasta cuatro brigadas de bomberos forestales ayudando en la retirada de animales muertos.
Fernando López Miras, en su primera comparecencia de prensa desde que empezó esta crisis, explicaba las medidas urgentes para el Mar Menor acordadas con la comunidad científica. Pedían asumir las competencias de costas y la cuenca para poder actuar sobre la laguna salada. También quieren declarar prohibida la entrada de nutrientes por el Albujón y recuperar el calado de la gola de Marchamalo para favorecer la renovación de agua.
Ese último aspecto es el que más ha levantado comentarios y expectación, tanto por parte de los vecinos del Mar Menor como de los expertos. Una de las primeras en alzar la voz fue la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Considera "un disparate pedir competencias" que asegura no se incluye el Estatuto de Autonomía, y dice en Radio Nacional de España que dragar Marchamalo no es solución.
Para la ministra la culpa no está en el sector agrario en general, sino "en unos pocos que tienen intereses". El ministerio lleva años de trabajo de investigación y confiesa haber detectado el origen de los vertidos y también haber encontrado 200 desaladores ilegales. Mañana martes visitará la zona el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.
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