El Gobierno regional reclama junto a otras cinco comunidades autónomas que las alegaciones al Reglamento de Costas lleguen a Bruselas

El Gobierno regional reclama junto a otras cinco comunidades autónomas que las alegaciones al Reglamento de Costas lleguen a Bruselas El consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial destaca que "la UE debe conocer la realidad de los territorios que gestionan el litoral antes de adoptar una decisión sobre el procedimiento abierto contra España" El consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, durante su intervención en mayo en el Senado sobre los deslindes por la Ley de Costas. .

El Gobierno regional, junto con las comunidades autónomas de Valencia, Andalucía, Galicia, Baleares y Cantabria, reclama al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que remita a la Comisión Europea las alegaciones presentadas por estos seis gobiernos autonómicos durante la tramitación del proyecto de modificación del Reglamento General de Costas, para que formen parte del expediente del procedimiento de infracción abierto contra España.

El consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, señaló que "la Comisión Europea debe disponer de toda la información antes de adoptar cualquier decisión, que afecta de forma tan directa a la gestión de la costa sin escuchar a las comunidades autónomas que somos responsables de ordenar, proteger y gestionar estos espacios".

El consejero explicó que "nos preocupa que el Gobierno de España haya optado por modificar únicamente el Reglamento General de Costas, aplazando la reforma de las normas con rango de ley que la propia Comisión Europea considera afectadas". 

Asimismo, insistió en que "el Ministerio vuelve a actuar de espaldas a las comunidades autónomas y genera una mayor inseguridad jurídica en una materia especialmente sensible para el litoral español".

Las seis comunidades autónomas, que representan la mayoría de los territorios con litoral, consideran imprescindible que las alegaciones formuladas durante el trámite de información pública sean incorporadas íntegramente al expediente europeo correspondiente al procedimiento de infracción INFR (2022) 4121, que cuestiona la compatibilidad con el Derecho de la Unión de distintos aspectos de la normativa española de costas.