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Se investiga al Gobierno por un presunto delito de prevaricación administrativa y lesiones

Cande MartínezCande Martínez - 26 de Marzo, 2020
Se investiga al Gobierno por un presunto delito de prevaricación administrativa y lesiones

La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha aprobado este miércoles investigar al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por un presunto delito de prevaricación administrativa y lesiones al permitir la concentración del 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer. Esta fue celebrada pese a las advertencias del Centro Europeo sobre el control y la prevención frente al coronavirus.

El abogado Víctor Valladares presentó la semana pasada una denuncia, en primer lugar, contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los delegados de Gobierno de las diferentes comunidades autónomas, y en segundo lugar, contra Ceuta y Melilla por no haber prohibido las marchas multitudinarias convocadas para el 5 y el 14 de marzo de este año, cuando España había decretado el estado de alarma.

Tras analizar la denuncia, la magistrada instructora ha emprendido diligencias previas sobre el delegado de Gobierno en Madrid, al ser el único sobre el que tiene capacidad. Por ello, anima al denunciante a que, si lo considera oportuno, traslade la denuncia ante las autoridades pertinentes.

La denuncia refleja que en la Comunidad de Madrid se efectuaron "77 reuniones multitudinarias" desde que el Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades lanzara el 2 de marzo de 2020 su informe sobre el coronavirus.

Una fuente de dudas

La juez Rodríguez-Medel indica en su auto que el denunciante no especifica "ni promotores ni otros detalles que pudieran ser relevantes" para la investigación. También plantea una serie de interrogantes sobre si dicho informe fue remitido "oficialmente" a España o a la Delegación del Gobierno, la fecha en que este se hizo, y si en él se motivó oficialmente a prohibir dichas concentraciones.

Además, también plantea la cuestión de si "se dio orden expresa al delegado del Gobierno de Madrid de no prohibir las manifestaciones al margen de cualquier consideración sanitaria" y si "se adoptó alguna medida de prevención por parte de la Delegación del Gobierno".

Investigación exhaustiva

Asimismo, Rodríguez-Medel señala que se podía "legalmente prohibir la manifestación por razones sanitarias", siempre que se tuviera constancia de que su celebración pudiera suponer un alto riesgo para la vida e integridad física de las personas.

La juez ha ordenado la investigación a la Guardia Civil y al médico forense del juzgado, con la expresa advertencia de que "no son urgentes" y que deberá efectuarse cuando el estado de alarma lo permita.

La magistrada también quiere conocer si desde las autoridades competentes españolas se lanzaron recomendaciones sanitarias a la Delegación del Gobierno en Madrid en base a las manifestaciones programadas a partir del 5 de marzo o si, por el contrario, se dio algún tipo de orden de celebración sin restricción alguna.

Esta denuncia no es la única que hay contra el delegado José Manuel Franco. El secretario general del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernad, también ha emprendido acciones penales contra él al considerar que pudo haber puesto en riesgo la salud de los ciudadanos al permitir la manifestación del 8 de marzo.

A favor de la cancelación

El 51,4% de los españoles encuestados opinaba ya antes del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que el Gobierno debía suspender los actos que conllevasen grandes aglomeraciones para así evitar la propagación del Covid-19.

La mayoría de ellos,  consideraba que debían cancelarse, frente al 34,4% que contestó que no había que anular estos actos. Asimismo, según el CIS casi el 65% de los españoles apoyaba que el Gobierno tomara medidas "urgentes" contra el virus.

Por su parte, la Ministra de Educación, Isabel Celaá ha comunicado que "es muy fácil con el conocimiento de hoy analizar el pasado, pero no es justo". Con estas palabras defendía al Gobierno ante las críticas recibidas por la incidencia de la enfermedad en la población española.

"En todo momento, el Gobierno había seguido indicaciones de los servicios sanitarios y entonces no se ordenó el confinamiento; sí los debidos cuidados, pero no el aislamiento social y ese día hubo otras convocatorias, partidos de fútbol, ferias de arte..." ha sentenciado la ministra en una entrevista para Onda Cero.

Actualmente, España cuenta con 47.610 infectados por coronavirus y 3.434 fallecidos cifra que supera ya a la de China, lugar donde comenzó el contagio. Nuestro país se ha convertido el segundo a nivel mundial en número de víctimas mortales, sólo tras Italia.

 

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