Díaz Manzanera advierte de que el problema del Mar Menor "no es solucionable en vía judicial"

El fiscal superior de la Región indica que es probable que se abra juicio oral por esta causa

CARTAGENA (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

El fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, ha advertido en la Asamblea Regional tras la presentación de la Memoria de la Fiscalía tanto al presidente del parlamento regional como a representantes de los grupos parlamentarios que el problema del Mar Menor "no es solucionable en vía judicial".

Díaz Manzanera, que ha señalado que todo apunta que se abrirá juicio oral por esta causa, ha indicado que desde los juzgados se puede "exigir responsabilidades a aquellos que hayan podido incumplir la ley, ya sea por la vía penal o administrativa como ha sido la iniciativa que tuvimos a nivel nacional de pedir a la Comunidad Autónoma que exigiese esa responsabilidad a determinadas empresas perfectamente identificadas".

En ese sentido ha expuesto que al margen de lo anterior "la justicia poco más puede hacer, esto es una solución que existe, pero que debe ser en la vía política y en la administrativa, no en la vía judicial".

Por otro lado, el fiscal superior de la Región ha informado de que durante el año 2020 se produjo una disminución de la actividad judicial debido a la pandemia. En ese sentido, se produjo un descenso del 31,22% de los juicios y un incremento de 4461 de las suspensiones de los juicios, un 43,4% más.

Durante ese año también se produjo un descenso de las sentencias. En 2020 se dictaron 6796 en el ámbito penal, lo que supone un 21,44% menos. De las sentencias dictadas en el ámbito penal, el 93,96% de las sentencias son conformes con la petición del fiscal, mientras que casi un 6% han sido disconformes.

Asimismo, se ha producido un "leve aumento" en la evolución de la criminalidad en la Región, sobre todo en el apartado de violencia de género y de violencia contra la mujer y amenazas en el ámbito familiar, en delitos contra la libertad sexual y contra el patrimonio, entre otros. Por contra, ha habido una disminución de los delitos contra la integridad física y de acoso laboral, hurtos y robos.

Dentro de los delitos contra la administración pública destaca un incremento de las incoaciones en delitos de desobediencia y en malversación y prevaricación. En prevaricación el aumento ha sido del 44,11% del total de los delitos contra la administración pública, de todas las diligencias abiertas entre 2020 y 2021 han sido 61, de las cuales 47 se han archivado.

"Se han presentado, posiblemente, demasiadas denuncias en las que no existía indicio de delito. Se debe procurar, en la medida de lo posible, el no utilizar un recurso del Estado, como es la Fiscalía, para proceder a investigar conductas que, posiblemente, desde el principio se sabe que no es delictiva", ha pedido el fiscal.

En violencia contra la mujer ha destacado que más del 11% de las sentencias han sido absolutorias por la retirada de la denuncia por parte de la mujer.

Por otro lado, en materia de Seguridad Vial ha expuesto que se han dictado 2780 sentencias y se ha consolidado la persecución de la conducción bajo la influencia de drogas. "Sigue siendo muy bajo la persecución de estas conductas, debido a la falta de regulación", ha asegurado. Asimismo, ha informado de que se está insistiendo "mucho" en la persecución penal de la conducción sin permiso de los patinetes siempre y cuando superen la cilindrada para considerarlos ciclomotores. En este sentido se han dictado 19 sentencias, de las cuales 4 sentencias han sido condenatorias y 2 absolutorias.

El fiscal superior ha transmitido a los diputados la necesidad de retomar el Pacto Regional por la Justicia y las necesidades de más medios. "Somos los terceros en carga de trabajo y eso no se ve reflejado en el número de plazas de fiscales. Tocamos a 24095 habitantes por fiscal cuando hay otras provincias que tocan a 18000 fiscales", ha manifestado.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, ha avanzado que en enero una comisión de la Asamblea Regional , compuesta por los portavoces parlamentarios y los miembros de la Mesa de Gobierno, visitará la Fiscalía para conocer mejor sus necesidades.