El Ayuntamiento de Cartagena detecta 432 deficiencias urbanísticas de edificios en los últimos dos años

La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Cartagena, que dirige la vicealcaldesa Ana Belén Castejón, ha detectado y notificado un total de 432 deficiencias urbanísticas en el término municipal de Cartagena, entre los años 2020 y 2021, informaron fuentes del Consistorio en un comunicado.

Cabe destacar que en 2021 una de cada cinco de estas inspecciones se han producido en el centro histórico, como parte fundamental del Plan de Rehabilitación del casco antiguo que el Gobierno local está llevando a cabo.

"Desde la Concejalía de Urbanismo hemos dado un impulso a las tareas de inspección de edificios, de esta forma, las inspecciones urbanísticas han aumentado y, en la misma medida, lo han hecho las deficiencias detectadas", ha afirmado la vicealcaldesa, Ana Belén Castejón.

En 2020 el Ayuntamiento abrió 260 expedientes SERU, a razón de 21,66 al mes, mientras que en lo que va de año se han tramitado 172, con un incremento del 13,43% ya que cada mes se ha abierto una media de 24,57. "El objetivo principal que nos hemos marcado al aumentar las inspecciones no es otro que el de garantizar la seguridad de las edificaciones", ha recordado Castejón.

Se trata de un procedimiento de protección de legalidad urbanística que tiene por objeto obligar al titular de la vivienda o local a restaurar la legalidad urbanística o bien a subsanar las deficiencias detectadas para garantizar la seguridad en las edificaciones, informar de las actuaciones a realizar, así como del plazo del que se dispone para ello.

En caso de no cumplir lo indicado, continuará la tramitación del procedimiento administrativo, dando lugar, según se trate de obras o actividades, a la ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento, bien reparando la deficiencia, procediendo a la demolición de lo indebidamente construido o al cese y clausura de la actividad.

La mayor parte de las deficiencias detectadas se deben a problemas de estabilidad en fachadas, riesgo de desprendimiento de cascotes en tejados, balcones y cornisas o viviendas en estado de ruina.