
LORCA (MURCIA), 2 (EUROPA PRESS)
El Tribunal Supremo ha condenado al Ayuntamiento de Lorca a devolver los 9,3 millones que ingresó por la liquidación de las tasas de la actividad administrativa para la concesión de las licencias de actividad de las subestaciones transformadoras de 'Nogalte' y 'Carril', informaron fuentes municipales en un comunicado.
El concejal de Hacienda, Isidro Abellán, ha explicado en rueda de prensa que el Consistorio tuvo conocimiento este jueves de la sentencia firme de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, respecto al recurso de casación presentado por Iberdrola, que anula las sentencias de mayo de 2018 y 2019.
Abellán ha indicado que Iberdrola ingresó 8,7 millones de euros en las arcas municipales el 6 de febrero de 2019. Este montante "fue ingresado en una de las cuentas corrientes destinadas a pagos habituales del Ayuntamiento y gastado, de manera imprudente, por la Administración local anterior, como se demuestra en el arqueo de caja realizado tras la entrada del nuevo equipo de Gobierno en junio de ese mismo año".
Al hilo, ha informado de que la cantidad "no fue bloqueada en su momento", con lo que dos años después de su ingreso "ya no está en las arcas municipales, teniendo que hacer frente, ahora, desde este equipo de Gobierno, a este nuevo contratiempo" para devolver el dinero a la citada empresa.
Para Abellán, la sentencia "es el culmen a dos años de adversidades financieras y haciendo frente a una situación de la que, repito, no somos responsables". A esto ha sumado que el Ayuntamiento se encuentra en "una situación crítica" y "de parálisis económica" al tener que trabajar "con cuentas que no son las nuestras".
"Desde el Consistorio vamos a analizar esta nueva situación que se nos presenta, además de la posibilidad de negociar con la empresa Iberdrola una posible quita y un calendario de pagos", ha subrayado Abellán.
Además, ha anunciado que el Ayuntamiento contactará con el Ministerio de Hacienda para "ver la posibilidad de acogernos a las medidas implantadas por el Gobierno para posibilitar la ejecución de sentencias firmes por parte de las entidades locales, que facilitan la financiación de las condenas impuestas por dichas sentencias".
El objetivo, ha recalcado, es evitar "que se ponga en riesgo la prestación de servicios públicos obligatorios y el cumplimiento de las obligaciones con el personal o con los proveedores de la entidad".
Asimismo, Abellán ha insistido que desde el equipo de Gobierno "seguiremos trabajando para afrontar esta situación adversa de la manera menos perjudicial para el municipio". "Somos un equipo de Gobierno que nos crecemos ante la adversidad, y así lo estamos demostrando, con todos los problemas a los que estamos haciendo cara como la situación económica o la gestión de la pandemia", ha precisado.
Por último, ha pedido "responsabilidad y colaboración a los demás grupos municipales a la hora de afrontar esta delicada situación cuyas consecuencias recaerán sobre el Consistorio lorquino".
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