
El Consejo de Gobierno ha acordado, a petición de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, autorizar al Instituto de Fomento de la Región de Murcia la realización del gasto en la cuantía de 107.707.585 euros, con cargo a la partida presupuestaria Apoyo a la Solvencia Empresarial Covid19, financiada por el Gobierno de España.
Tras el cierre y el abono de las ayudas de la primera convocatoria, de los 142 millones del fondo se lograron ejecutar 35 millones y unas 1.600 solicitudes. Por ello, el Gobierno regional lanza una nueva convocatoria, cuya principal novedad con respecto a la anterior es la ampliación a todos los sectores de actividad económica, excepto los relacionados con las actividades financieras y seguros; administración pública y defensa; actividades de los hogares como empleadores y actividades de organismos extraterritoriales.
De esta forma, se permitirá solicitar estas ayudas a un mayor número de sectores económicos afectados por la pandemia de covid-19 que operan en la Región de Murcia.
Asimismo, se ofrece la posibilidad de poder optar a estas ayudas a quienes registraron pérdidas en 2019, siempre que tengan beneficios en 2018; y a aquellas empresas creadas o profesionales que iniciasen su actividad en el año 2019, con pérdidas en dicho ejercicio.
La convocatoria, que cuenta con un crédito de 107.707.585 euros, está previsto que se publique en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el 15 de septiembre, por lo que el plazo para presentar las solicitudes será a partir del día 16 y durante 15 días.
"NEFASTO" DISEÑO DEL ESTADO DEL FONDO DE SOLVENCIA
La portavoz del Gobierno regional, Valle Miguélez, ha criticado en rueda de prensa el "nefasto" diseño que el Estado ha hecho del Fondo de Solvencia, que ha llevado a lanzar esta segunda convocatoria.
Por ello, ha asegurado que "no vamos a permitir, en ningún momento, que se pierda ni un solo céntimo de euro de esos 142 millones que le han correspondido a Murcia y de los que solo hemos podido ejecutar 35 millones, ya que los requisitos son tan sumamente restrictivos y las condiciones de acceso tan complejas que muchos candidatos desestimaron las solicitudes por no poder presentarse".
El problema, a su juicio, son "los requisitos a los que el Estado obliga para obtener las subvenciones y muestra de ello es que todas las comunidades tienen un grado similar de ejecución o inferior al que tenemos nosotros".
En este sentido, ha anunciado que continuará exigiendo al Estado que "modifique y flexibilice los requisitos de ese Real Dereto". El Gobierno de la nación "nos tiene que dar a las CCAA una herramienta sencilla para ejecutar esos fondos antes del 31 de diciembre de 2021", ha puntualizado.
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