El director general de los Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer, ha informado de que el dispositivo para desalojar la rave de Llinars del Vallès (Barcelona) será lento. Esto se realizará poco a poco para identificar a las cerca de los 300 participantes: "De aquí se irán todos sancionados".
En declaraciones a los medios en el exterior de la nave, explicaba que los asistentes recibirán denuncias de hasta 3.000 euros. Mientras que, para los organizadores, una multa que podría alcanzar los 600.000 euros "por incumplir la normativa del COVID".
"Además, habrá toda la parte de tráfico, que son los controles que se están haciendo". Por o que si dan positivo en el test de alcoholemia y drogas también serán sancionados.
Ha asegurado que los Mossos d'Esquadra no puedieron evitar la reunión de los assistentes en la nave la noche de fin de año. Se justifican con el dato de que en total habían "3.000 agentes en toda Catalunya que se dedicaron a garantizar la seguridad de 7,5 millones de habitantes".
El dispositivo del 31 de diciembre contemplaba inspecciones en locales y controles dinámicos. Además, la necesidad de garantizar el confinamiento perimetral de las comarcas de la Cerdanya y el Ripollès. "Pero estos ilícitos penales, desafortunadamente, no los podemos evitar todos".
Opinaba que lo que es "evidente es que una actuación precipitada pocas horas después de un dispositivo de fin de año, con la magnitud de hoy de 200 agentes, ayer no se habría podido producir con garantías"; ni para los agentes ni para los policías.
El desalojo de la rave en Llinars del Vallès ha empezado este sábado hacia las 11:30 horas de la mano de los Mossos d'Esquadra y Policía Local. Han acudido al lugar con numerosos efectivos y furgones policiales.
La fiesta se estaba celebrando desde la noche de fin de año en una nave abandonada del municipio. No se respetaba ninguna de las medidas sanitarias y de seguridad ante la Covid-19.
Según fuentes de la Conselleria de Salut, la titular del departamento, Alba Vergés, solicitó el viernes a la Conselleria de Interior que identificara a los participantes de la fiesta. Además, que se impusieran las sanciones correspondientes y que se iniciaran las actuaciones de desalojo.
Las mismas fuentes detallan que es exactamente "lo mismo que se ha hecho en otras fiestas que incumplían la normativa. Nunca hasta ahora nos habían pedido un protocolo de actuación".
Por su parte, el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciado en un tuit que revisará con la Conselleria de Interior como se han desarrollado los hecho. De esta forma pretenden evitar "que vuelva a pasar una situación de estas características y para que las actuaciones sean más rápidas".
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