La ley de amnistía, presentada por partidos independistas, rechazada por el Congreso

La ley de amnistía ha sido rechazada por la Mesa del Congreso. Con apoyo del PSOE, PP y Vox, y el voto en contra de Unidas Podemos, han rechazado admitir el trámite. La misma fue registrada por partidos independentistas catalanes. Buscaban favorecer a todos los procesados y condenados por el proceso independentista del referendum que tuvo lugar el 1 de octubre de 2017.

La Cámara ha seguido de esta forma el criterio de los letrados. En el informe que trasladaron desaconsejaban tramitar la iniciativa en la medida que, al suponer un indulto generaliza, entraría en contradicción con lo establecido en el artículo 62 de la Constitución. El mismo impide cualquier forma de autorización de indultos generales. La última amnistía se aprobó en el año 1977, como el paso precio de las Cortes Constituyentes.

La decisión de la Mesa del Congreso no ha sido unánime. La tramitación ha sido rechazado por PSOE, PP y Vox. Sin embargo, los tres miembros de Unidas Podemos apoyaban dejarla pasar.

Esta ley de amnistía fue registrada la pasada semana de la mano de Esquerra -ERC-, Junt, la CUP y el PDeCAT. Habían prometido presentarla antes de la disolución del Parlament.

La ley de amnistía pretendía amnistiar el 1-0 del 1 de enero y a los condenados por consulta soberanista

Esta iniciativa permitía amnistiar "todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuera el resultado" desde el 1 de enero de 2013. Es decir, que además de incluir el 1-0, también lo haría a los condenados por la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014.

Junto con los diputados de los partidos independentistas, se presenciaron en el Congreso representantes de Amnistía i Libertat y de Òmnium Cultural. La ANC ya se ausentó en el acto de presentación de la iniciativa el pasado mes de diciembre, en la Modelo de Barcelona. Consideraban que su aprobación en las Cortes no es viable.

PNV y Compromís estaban dispuestos a apoyar su tramitación, pero desde la parte socialista del Gobierno ya se advertía de su institucionalidad. 

La propia portavoz del PSOE, Adriana Lastra, ya avanzó su voto en contra alegando que no encajaba con lo señalado en la Constitución.