El Pleno del Congreso aprobará este jueves la reforma del Estatuto murciano que suprime aforamientos políticos

Tras arribar a la Cámara Baja, en septiembre de 2017, la reforma murciana quedó 'congelada' durante año y medio. Y luego las sucesivas convocatorias electorales la fueron aparcando. El Pleno aceptó tramitarla, por tercera vez, el pasado mes de febrero, y los partidos pudieron enmendarla el pasado mes abril.

En septiembre, con el arranque del nuevo curso parlamentario, se reactivó su tramitación al convocarse la ponencia. El pasado martes fue aprobada por la Comisión Constitucional que preside el socialista Patxi López.

La supresión de los aforamientos políticos, recogidos en la Constitución de 1978 y en numerosos estatutos autonómicos, ha sido bandera de Ciudadanos en las Cortes Generales y en los parlamentos regionales. También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofreció un acuerdo global a la oposición, pero no se llegó a dar ningún paso.

En el caso de los diputados autonómicos, es cada comunidad la que debe tomar la iniciativa y varias ya lo hicieron: Canarias, Murcia, Cantabria y Baleares reformaron sus Estatutos de Autonomía. Los enviaron al Congreso para su aprobación, pero sólo la primera superó todos los tramites y tiene la reforma ya en vigor. La de Cantabria empezó su andadura parlamentaria en septiembre.

El único grupo que enmendó la reforma murciana fue Ciudadanos, en su día promotor de la iniciativa regional. Lo hizo para corregirla. El objetivo de garantizar que, una vez desposeídos del fuero, los miembros del gobierno y de la Asamblea Regional no los detengan como consecuencia de cualquier denuncia.

El texto que envió la Asamblea de Murcia, de un único artículo, suprime las referencias al aforamiento de los miembros del Gobierno regional y de los parlamentarios autonómicos, equiparándoles al común de los murcianos.

Reforma del Estatuto de Autonomía murciano

Ciudadanos, que comparte Gobierno con el PP en esta comunidad, planteaba modular esa pérdida del fuero; y asegurar que los consejeros y los parlamentarios regionales no queden completamente desprotegidos de un día para otro.

En concreto, proponía introducir dos párrafos para dejar claro que tanto los diputados autonómicos. Como el presidente y los consejeros regionales, "no podrán ser detenidos ni retenidos por los presuntos actos delictivos cometidos sino en caso de flagrante delito; en tanto decide el juzgado o tribunal ordinario, competente y predeterminado por la ley, sobre su inculpación, prisión, procesamiento o juicio".

Aunque la enmienda la rechazaron tanto en la fase de ponencia como de la comisión. Ciudadanos ha decidido mantenerla viva para que se discuta de nuevo el jueves en el Pleno. En la Comisión sólo recabó el apoyo del PP.

El PSOE y Unidas Podemos rechazan corregir el texto en ese sentido, alegando que hay que respetar la iniciativa aprobada por unanimidad en la Cámara murciana. Vox dijo estar de acuerdo con la enmienda pero finalmente se abstuvo junto con ERC, Junts, PNV y Bildu.

Y lo mismo preveen que suceda en el Pleno donde la reformará sí la avalarán el PSOE, Unidas Podemos, PP y Ciudadanos para su remisión al Senado, donde continuará su tramitación. Si no hay cambios en la Cámara Alta, que es lo previsible, de ahí irá directa al BOE para su entrada en vigor.