Un TC dividido paraliza la tramitación en el Senado de la reforma que busca renovar el tribunal

Se trata de la primera vez en la historia del TC que frena un debate parlamentario en Cortes Generales

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado este lunes, por 6 votos frente a 5, suspender de forma urgente la tramitación parlamentaria, ya en el Senado, de las dos enmiendas por las que se modifica el sistema de elección y llegada de los dos candidatos al TC que nombra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), admitiendo así las medidas cautelares cautelarísimas solicitadas por el PP en su recurso contra dichas enmiendas, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

Las mismas fuentes detallan que la votación se ha saldado con los 6 votos de la mayoría conservadora del TC, frente a los 5 votos de la minoría que integra el bloque progresista. Los magistrados Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido, Ramón Sáez, María Luisa Balaguer e Inmaculada Montalbán han anunciado un voto particular.

Es la primera vez, en sus más de 40 años de historia, que el Constitucional ordena suspender de forma urgente un debate parlamentario en las Cortes Generales, por lo que se trata de una decisión inédita.

La corte de garantías da este paso después de que dichas enmiendas fueran aprobadas en el Congreso de los Diputados el pasado jueves en el marco de la proposición de ley para derogar el delito de sedición. Aunque estas enmiendas ya habían superado el trámite parlamentario en la Cámara Baja aún quedaba el Senado, donde estaba previsto que quedaran igualmente aprobadas el próximo jueves.

Aunque estas enmiendas ya habían superado el trámite parlamentario en la Cámara Baja aún quedaba el Senado, donde estaba previsto que quedaran igualmente aprobadas el próximo jueves. Ahora, el secretario de Justicia del Pleno, Alfonso Pérez Camino, tendrá que entregar personalmente en ambas cámaras legislativas la decisión adoptada por el TC, de acuerdo con las citadas fuentes.

De esta forma, los magistrados han considerado que el avance de la tramitación parlamentaria causa un daño de difícil reparación a los legisladores 'populares', que invocaban el artículo 23 de la Constitución, donde se recoge el derecho a la participación política de los ciudadanos a través de sus representantes.