El Gobierno regional se opone al Plan del Tajo por ser "injustificado y generar un grave daño económico y social"

La decisión implica una reducción de como mínimo 31,5 hectómetros cúbicos al año

El Gobierno de la Región de Murcia ha mostrado este martes su "rechazo absoluto" al informe del Plan Hidrológico del Tajo, debatido en el seno del Consejo Nacional del Agua en Madrid, al considerarlo "injustificado, arbitrario y que genera un grave daño económico y social para toda la Región de Murcia y el Levante español", según informaron fuentes del Ejecutivo autonómico en un comunicado.

Así lo ha manifestado el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, Antonio Luengo, quien ha destacado que "hoy se perpetra el ataque más grave de las últimas décadas al Trasvase Tajo-Segura, camuflado bajo el incremento de caudales ecológicos para mejorar el estado del Tajo y cuyo único objetivo es el de recortar los envíos de agua al Levante". La decisión debe ser ahora respaldada por el Consejo de Estado y será el Consejo de Ministros quien aprobará por Decreto dichos cambios.

"Se trata de una decisión política pactada por entre el Gobierno de España y el partido socialista, sin consenso científico y con informes contrarios que desmontan los argumentos del Ministerio, que implica reducir como mínimo 31,5 hectómetros cúbicos cada año los envíos del Tajo al Segura", aclaró Luengo, "como consecuencia de elevar los caudales ecológicos de seis a siete metros cúbicos por segundo, como paso previo a elevarlos hasta 8,65 a partir de 2026".

"Cabe preguntarse cuál es el objetivo del Gobierno de España para adoptar este cambio, si el estado de las masas de agua en el Tajo es satisfactorio tal y como recogen los estudios y análisis elaborados por profesionales".

A todo lo anterior debe sumarse, como otra de las consecuencias, que "los niveles de desembalse de referencia se van a incrementar, lo que implicará que el límite por debajo del cual no se pueda trasvasar, que actualmente se encuentra en 400 hectómetros cúbicos embalsados, se incrementará", explicó.

"El Gobierno de España nos aboca a un escenario en el que la mayoría de los meses no podrá trasvasarse agua y en aquellos en que sí se cumplan las nuevas condiciones, el Ministerio desoirá las recomendaciones técnicas y rebajará de manera discrecional los envíos al Levante, tal y como viene haciendo durante los últimos meses de manera sectaria", ha indicado.

PLAN HIDROLÓGICO DEL SEGURA

Durante la sesión del Consejo Nacional del Agua también se sometió a informe el Plan Hidrológico del Segura, rechazado del mismo modo por el Gobierno regional "al tratarse de un texto que no recoge las necesidades de la cuenca ni ofrece soluciones a la compleja situación a la que se enfrentan los usuarios de la misma", reconoció el consejero.

Luengo ha explicado que "se trata de un Plan que no recoge referencias a la necesaria interconexión entre las cuencas, alegando que los problemas de déficit hídrico se resolverán únicamente con la desalación de agua marina", a lo que sumó que "no afronta problemas acuciantes como el de la sobreexplotación de aguas subterráneas en acuíferos lejanos a la costa, cuyo coste por abastecimiento de agua desalada aumenta por la distancia y el desnivel, generando un coste medioambiental añadido".

Una situación que "afecta de manera considerable a toda la Región de Murcia, pero de manera especial al Altiplano que ve como en 2027 los municipios de Jumilla y Yecla podrían quedarse sin agua por la decisión del Gobierno de España al no contar con alternativas que respondan a la racionalidad técnica, económica y medioambiental".

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO DE INUNDACIONES DEL SEGURA

Durante la reunión también se abordó el Plan de Gestión de Riesgos de Inundaciones del Segura, "cuya cartografía está desactualizada y a pesar de que desde distintas administraciones se ha solicitado que se paralice la tramitación hasta resolver las alegaciones y se actualicen los mapas, el Ministerio nos ha vuelto a ignorar sin tener en cuenta el enorme impacto que esta decisión tiene sobre la Región de Murcia", explicó Luengo, por lo que "no podemos más que oponernos en defensa de los intereses de la Comunidad y para no ser partícipes de una nueva decisión injustificada".