El Gobierno de la Región de Murcia y la Junta de Andalucía avanzan en los textos legislativos de sus nuevas leyes autonómicas en materia de universidades y, también, en ciencia, tecnología e innovación, lo que las convierte en las comunidades autónomas que lideran la actualización de la legislación autonómica tras la publicación de leyes nacionales y las recomendaciones de la Unión Europea.
Así lo subrayaron el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, y su homólogo andaluz, el consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos.
Las nuevas leyes en materia de universidades y ciencia, tecnología e innovación que ambos ejecutivos ultiman “serán el armazón que dé soporte legislativo tanto al sistema universitario como de ciencia, tecnología e innovación de la Región de Murcia”, destacó Vázquez a la conclusión del encuentro, el segundo ya este año, celebrado en la sede de la Consejería andaluza, en la Isla de la Cartuja de Sevilla.
“Compartir experiencias entre administraciones regionales y aunar criterios es más necesario que nunca. Es el mejor camino para ser más eficientes”, aseveró Vázquez.
Los consejeros abordaron el punto de desarrollo de sus respectivas leyes regionales de universidades, que ambas comunidades se encuentran a punto de culminar con el fin de “adaptar el sistema universitario a las nuevas necesidades del mercado laboral y a los retos del siglo XXI”, explicaron.
También pusieron en común los modelos y planes de financiación de las universidades que están llevando a cabo en ambas comunidades autónomas, necesarios para dar estabilidad a la financiación del sistema universitario y permitiendo una planificación a medio y largo plazo de personal e infraestructuras que redundará en una mejora de la calidad de la docencia, investigación y transferencia tecnológica a la sociedad.
Igualmente, el consejero Vázquez trasladó a su homólogo andaluz los avances en la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación “que tendrá también impacto en el sistema universitario, al contemplar, desde las competencias regionales, las demandas de reducción de la burocracia, estabilidad en la financiación de los proyectos de investigación o en la ciencia abierta y ciudadana”.
La actuación de ambas administraciones autonómicas tiene también una motivación en las “carencias y necesidades” de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), promulgada en marzo del pasado año. “La más destacada vuelve a ser la necesidad de exigir financiación al Ministerio para su aplicación debido a su enorme impacto económico”, destacó Vázquez. Además, volvieron a reclamar “una aplicación de la ley que responda a las necesidades específicas de cada Región”.
Por último, los consejeros decidieron crear un grupo permanente de trabajo para la elaboración de sus futuras leyes regionales.