El protocolo de vacunación era uno de los procesos más importantes en el que el Gobierno central hizo hincapié cuando las primeras vacunas de Pfizer llegaron a España. Era una máxima que se debía cumplir.
Primero, iban las residencias de ancianos y el personal que trabaja en ellas; después, el personal sanitario al completo; y, tras ello, las personas catalogadas de riesgo -es decir, todas aquellas personas que tuvieran peligro de muerte por la COVID-19, ya sea por su edad o porque sufren una patología previa-.
Desde este Medio de Comunicación, queremos hacer énfasis en ello, sabiendo que aún muchas personas de riesgo - si bien la mayoría- no han sido vacunadas. A consecuencia de ello, no comprendemos cómo el protocolo de vacunación no ha sido cumplido estrictamente. Cualquier posición superior de un Gobierno -ya sea central o autonómico- debería velar y cumplir en primera instancia, en este contexto de pandemia, por aquellas personas que se les señaló.
Su cometido era sencillo: actuar por orden de prioridad. Y esta estaba definida por el riesgo al que estaban expuestas unas personas u otras al coronavirus. Así mismo, una posición política que justifica sus acciones con falacias, no debería seguir sosteniendo o liderando una lucha; la cual, no ha encabezado de manera correcta en un momento determinante como este y que deja mucho que desear.
Este medio, y por extensión las personas que nos leen, está atento a cómo se está desarrollando el protocolo de vacunación. Sabemos por dónde va y quiénes son los últimos vacunados.
Y, desde luego, las personas de riesgo no han sido las últimas.
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